El Defensor del Pueblo adjunto bonaerense, Walter Martello, celebró que la gobernadora María Eugenia Vidal haya resuelto licitar el control de las 3.900 máquinas tragamonedas distribuidas en siete casinos, como así también el cierre de tres salas -las de Mar de Ajó, Valeria del Mar y Necochea- y de un bingo, en Temperley, para reducir la oferta de juego.

En este sentido, consideró que se trata de "un anuncio que rompe el status quo de más de dos décadas", destacó la necesidad de "definir un nuevo diseño en materia de juegos de azar en la provincia" y planteó que "se debe comenzar a discutir si es posible que haya tres salas de juego en un distrito absolutamente pobre como La Matanza o Quilmes".

Además, Martello -quien publicó un libro sobre la problemática del juego en la provincia de Buenos Aires- aplaudió las medidas anunciadas ayer por Vidal al recordar que "todo lo que tenía que ver en adjudicaciones en materia de juegos de azar se daba mediante decretos, sin llamados a licitación", señalar que las licencias que se vencían eran "prorrogadas vía decretos".

"Se rompió con esa lógica", valoró Martello, quien abogó porque se trata de "un mecanismo permanente".

También, destacó la importancia de "empezar a discutir el canon" al consignar que, actualmente, "del 15 por ciento que quedan de utilidades, en el caso de las máquinas tragamonedas, un 66 por ciento se lo lleva la parte privada y un 34 por ciento le queda al Estado".

"Esta ecuación, por más que a los empresarios no les guste o que cada vez que se les toca algún punto en los impuestos vayan a la Justicia, hay que empezar a discutirlo. La misma empresa que está en quiebra en España, en Buenos Aires es superavitaria. Entonces, me parece que ahí tenemos desfasaje respecto a las utilidades, que hay que corregir", postuló el Defensor del Pueblo adjunto de la provincia.