El fiscal federal Federico Delgado requirió hoy la elevación a juicio oral de la causa penal contra el detenido ex secretario kirchnerista de Obras Públicas, José López, y su esposa, María Amalia Díaz, por “enriquecerse ilícitamente a través de las arcas del Estado”.

El requerimiento del funcionario del Ministerio Público presentado al juez federal Daniel Rafecas alcanzó también a cinco personas más: la monja del monasterio de General Rodríguez, María Inés Aparicio, y los empresarios Eduardo Gutiérrez, Andrés Galera, Marcos Marconi y Carlos Gianni.

Respecto a los casi 9 millones de dólares que el ex funcionario ingresó al convento de General Rodríguez, el fiscal aseveró que “el matrimonio López-Díaz tenía conocimientos de la existencia de ese dinero ilegítimo, lo ocultaron en su vivienda, y poseían intención de hacerlo también en el monasterio Nuestra Señora de Fátima”.

Resaltó que en su declaración indagatoria el propio López afirmó que los “millones de dólares los tenía escondidos en la casa que comparte con su esposa en Dique de Luján” a la vez que “afirmó que ese dinero provenía ‘de la política’ sin dar mayores especificaciones”.

 Para Delgado, “ni José López, ni Díaz han podido justificar el origen de los bienes hallados y de la adquisición y remodelación de la casa de Dique de Luján” y los acusó de “enriquecerse ilícitamente a través de las arcas del Estado”.

En cuanto a la monja Aparicio indicó su complicidad porque “lo estaba esperando” a López en el monasterio y subrayó que “tampoco se comunicó con la policía y demoró habilitar el ingreso cuando (los policías) llegaron y tocaron el timbre”.

López fue el secretario de Obras Publicas durante el kirchnerismo y estaba siendo investigado por enriquecimiento ilícito, pero su situación judicial cambio a partir del 14 de junio de 2016, cuando fue detenido de madrugada en el convento de General Rodríguez, adonde había llegado con bolsos y valijas con que contenían 8.982.047 dólares, 153.610 euros, 159.114 pesos y dos relojes y una carabina.

Desde entonces cumple prisión preventiva en la cárcel federal de Ezeiza y el juez federal Rafecas lo procesó por supuesto enriquecimiento ilícito por no poder explicar el origen de ese dinero, de la casa en Dique de Luján, partido de Tigre, en donde vivía, y de dos departamentos en la avenida Las Heras 2032, en Barrio Norte.