La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en noviembre pasado el proyecto de ley para la despenalización del uso de cannabis con fines medicinales, que la semana próxima se tratará en el Senado.

En la actualidad, a partir de la participación de distintos actores (comunidad científica, médica, académica, sistema político, sociedad civil, etc.), se encuentran en discusión los fundamentos que sostienen, hace más de 50 años, la guerra contra las drogas.

En un contexto de creciente medicalización y consumo de drogas legales como el tabaco y el alcohol, y con un aumento del crimen organizado liderado por el narcotráfico, existe un acuerdo generalizado en que ese enfoque fracasó en materia sanitaria, económica y geopolítica.

Si bien la planta de cannabis se encuentra incluida en la lista de sustancias prohibidas de la Convención Internacional de Estupefacientes de 1961 de las Naciones Unidas, es una sustancia que posee efectos terapéuticos benévolos que han sido comprobados tanto por los usuarios y sus familias, como por profesionales médicos y expertos.

En este sentido, son conocidos los resultados de investigaciones y ensayos clínicos que revelan las ventajas del uso de derivados del cannabis en enfermedades y síndromes como alzhéimer, esclerosis múltiple, cáncer, epilepsias refractarias, fibromialgia, hepatitis, VIH, artritis reumatoidea, entre otras.

En la última década, en gran parte de los países europeos, en la mitad de los estados de Estados Unidos y en algunos países latinoamericanos - Uruguay, Chile y Colombia- se ha iniciado la experiencia de despenalización del uso medicinal de cannabis.

Durante el 2016, la Comisión de Acción Social y Salud Pública que presido en la Cámara de Diputados de la Nación, se abocó a trabajar sobre los diferentes proyectos presentados sobre la temática de cannabis medicinal para elaborar un dictamen de consenso que brinde una solución a las demandas de los usuarios y sobre todo de las mamás de niños y niñas con patologías para cuyo tratamiento utilizan aceite de cannabis.

En este contexto, luego del trabajo realizado durante meses, en noviembre logramos la media sanción del proyecto de Ley sobre "Investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados".

La media sanción obtenida busca establecer un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud, por lo que creemos que es una gran noticia que el Senado de la Nación comience con el tratamiento del marco regulatorio del cannabis medicinal para lograr la sanción de la ley.

El proyecto crea un Programa Nacional para el estudio y la investigación del uso medicinal en la órbita del Ministerio de Salud, que debe garantizar el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados del cannabis para las personas que se incorporen al mismo. Se autoriza el cultivo de cannabis por parte de CONICET e INTA con fines de investigación médica y científica, como para elaborar la sustancia para el tratamiento, priorizando y fomentando la producción a través de laboratorios públicos nucleados en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP).

Además, se estipula la creación de un registro voluntario, donde se prevé la inscripción de pacientes y familiares que sean usuarios de aceite de cannabis, en virtud de no ser penalizados. La legalización para el uso medicinal implica un avance en términos de salud, que hasta hoy queda postergado por una ley de hace cinco décadas que imposibilita que niños, jóvenes, adultos y ancianos puedan tener una mejor calidad de vida por tratarse de un delito.

Casos como el de Adriana Funaro, recientemente detenida en Ezeiza por cultivar cannabis para la elaboración del aceite que utiliza para el tratamiento de su artrosis, podrían evitarse si contamos con una ley que regule la producción y el uso del cannabis con fines medicinales.

Argentina se encuentra hoy discutiendo si garantizar o no el derecho de acceso a la alternativa terapéutica más conveniente para optimizar el bienestar de las personas con los menores efectos adversos posibles. Entendemos que las decisiones políticas no deben ir en contra de la comunidad, sino acompañando y avanzando en la ampliación de derechos. En este sentido, celebramos que el Senado trate el proyecto aprobado en Diputados y esperamos contar con la aprobación de la ley en el corto plazo.

* Carolina Gaillard- Diputada Nacional FpV