Reformar la legislación de accidentes de trabajo por un DNU es una tropelía doble, contra la clase obrera y contra el Congreso. El apuro en dictar el decretazo fue para evitar una avalancha de juicios en febrero, ante la posible aprobación de una ley similar que tenía media sanción del Senado y que iba a ser tratada en Diputados.

El decretazo fue pactado con la UIA y demás cámaras patronales y con las ART, las grandes beneficiarias de un régimen que produce en la Argentina 700 mil accidentes por año. Los trabajadores estarán más lejos de poder apelar a la Justicia cuando su salud e integridad han sido dañadas.

El Congreso, que tiene la potestad de legislar, quedó dibujado. Semejante operación cuenta con la anuencia de la CGT que se suma a la jauría que ataca la “industria del juicio”, un slogan que pasa por alto que hay 120 mil juicios porque hay seis veces más accidentes de trabajo, y esto sin contar las enfermedades laborales. Un aspecto más de la “revolución del trabajo” de Macri, que retrotrae a Argentina al siglo XIX. De este atentado a la República, ni Carrió ni la UCR dicen palabra. Aclaremos que la operación de bloqueo del trabajador a la Justicia empezó con Cristina Kirchner quien, en combinación con la UIA, eliminó la llamada “doble vía”.

La medida no está destinada a prevenir accidentes laborales, sino a bloquear los derechos de los trabajadores, convirtiéndolos ante la Justicia en ciudadanos de segunda. Lo que el presidente llama “reducción de la litigiosidad” es amparar la violación sistemática, por parte de las patronales, de las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo. La reforma es parte de la ofensiva antilaboral de Macri.

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo reconoce que entre enero y noviembre de 2016 los accidentes y enfermedades llegaron a un total de 514.622 con baja, y 678.342 sin baja. Estos datos sólo contabilizan a los trabajadores asegurados -la mitad de los trabajadores ocupados- y las enfermedades reconocidas en los listados oficiales.

La nueva ley apunta a liberar a los empleadores y a las ART del peso de los juicios por la reparación de los daños causados, forzando al trabajador a aceptar una ínfima indemnización tarifada o ir a un juicio civil de ocho años, pero fuera de la competencia de su juez natural, el laboral. Se trata de un incentivo adicional para que la patronal y sus ART asociadas no inviertan en prevención al interior de las empresas, al disminuir aún más el riesgo económico que entraña para ellas el abuso y el descuido de la salud física y psíquica de la fuerza de trabajo que explotan.

Dicho de otra manera, a la patronal le resulta más barato afrontar el accidente o la enfermedad laboral que prevenirla. Una conducta inhumana que el capital acentúa para descargar sobre los trabajadores su crisis de costos empresariales, como tarifazos, altas tasas de interés, falta de inversión tecnológica, de infraestructura y logística, problemas cambiarios, entre otros.

La reforma impone todo tipo de trabas médicas-administrativas para bloquear el acceso del trabajador accidentado a la justicia. Entre ellas, antepone la asistencia previa obligatoria a Comisiones Médicas Jurisdiccionales y establece la apelación ante la Comisión Médica Central, debiendo ser el reducidísimo cuerpo médico forense el que intervenga y no admitiendo la presencia de médicos y abogados del lado del trabajador. Tampoco se reconocen los plazos de dos años existentes en el fuero laboral para reclamar.

El respaldo de la CGT a esta ley la coloca como soporte de un nuevo ataque al movimiento obrero. Esta situación debe ser discutida en asambleas de trabajadores en todos los lugares de trabajo y marca la plena vigencia de una lucha por una nueva dirección en los sindicatos.

Los diputados del Partido Obrero en el Frente de Izquierda tenemos un proyecto presentado en el Congreso en 2014 y que prevé la constitución obligatoria en todos los establecimientos laborales de Comités de Control Obrero de la Seguridad, Salud e Higiene Laboral que pueden o no coincidir con las representaciones gremiales, pero deben ser electas por los trabajadores.

Se trata de someter a las patronales, a las ART, al Estado, al control de los trabajadores en lo que hace a la prevención y protección de la salud y seguridad laboral. O sea al control de los protagonistas y víctimas de los riesgos del trabajo. Lo mismo para las empresas tercerizadas que actúen en cada establecimiento. Incluso, donde no hay delegados, la organización sindical puede comenzar por la comisión de control obrero de salubridad. Somos opuestos a la política centroizquierdista de “comisiones mixtas” que dependen del veto patronal y por lo tanto están absolutamente restringidas.

La oposición de los Massa y el FPV está dibujada. Al punto que el Senado dio media sanción a una ley similar al decretazo con solo dos votos en contra. La lucha por la salud obrera es una lucha por la independencia política del movimiento obrero de todo un sistema muertes y padecimientos del trabajador.

En el siglo XXI no hay insalubridad de una tarea, hay condiciones insalubres de esa tarea. La tecnología actual permite reducir al mínimo el accidente y la enfermedad laboral. Pero hay que invertir para ello, algo que será propio de la planificación socialista y la gestión obrera de la economía. En la transición luchamos para empezar tirando abajo el decreto macrista.

Con este planteo, el Partido Obrero se encuentra en una gran campaña con trabajadores de sindicatos fuertemente afectados, como el Subte -que ya acumula la pérdida de 5 vidas en los últimos 6 años-, el Sitraic y el Sutna, los trabajadores de enfermería y del transporte automotor, entre otros.

Ante la gravísima situación a la que ha conducido la gestión de la salud y seguridad laborales en manos de los explotadores, las ART y el Estado, el movimiento obrero debe hacer del destino de su salud y seguridad laboral otro gran terreno de lucha contra la clase capitalista y el poder político.

* Néstor Pitrola- Diputado Nacional Partido Obrero- FIT