El dilema por la Coparticipación Federal vuelve a cobrar protagonismo con un nuevo reclamo del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que exige que Nación acate con plenitud el fallo judicial de diciembre del año pasado. Abogados de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia para instar a que se apliquen embargos y multas hasta tanto no se regularice el traspaso de fondos.
Así lo definieron desde la dirección general de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales de la Ciudad, desde donde se realizó la presentación, patrocinada también por la Procuraduría porteña.
“Vengo a reiterar mi solicitud de que se ordene la medida ejecutoria solicitada, es decir trabar embargo diariamente de la suma correspondiente al 1,55% de la masa de fondos definida en el artículo 2° de la ley 23548, la cual debe ser detraída de la suma que le corresponde a la Nación en la distribución primaria y ordenar al Banco de la Nación Argentina que en forma diaria y automática se transfieran a la Ciudad de Buenos Aires, junto con el 1,40% que se recibe hasta el presente”, indicó en su acción legal María Cristina Cuello, directora de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales, con la tutela del procurador porteño Gabriel Astarloa.
Cabe recordar que, en diciembre del año pasado, el máximo tribunal ordenó que el Estado nacional le entregue el 2,95% de los fondos coparticipables a la administración de CABA. No obstante, Casa Rosada siguió transfiriendo el 1,4% y propuso pagar en bonos la diferencia.
Más allá de la decisión judicial, la disputa por el acatamiento de la medida de pago a Ciudad se convirtió en una batalla política entre oficialismo y oposición que hasta ahora sigue sin ser resuelta.
A partir de allí, la gestión porteña presentó varios reclamos ante la Corte Suprema e inició una causa penal en la justicia federal. Por su parte, el oficialismo decidió responder con una fuerte campaña de denuncia contra el presunto favorecimiento del Poder Judicial hacia Larreta, factor que fue incluido en las causas que motivaron el pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte.
