El primero de enero, el presidente Alberto Fernández anunció a través de sus redes el pedido de juicio político contra Horacio Rosatti por el fallo de la Corte Suprema respecto a la coparticipación, al que luego sumaría a los otros miembros del máximo tribunal. 17 días después, la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) emitió un comunicado apoyando la iniciativa presencial. El documento también incluye la firma de la CGT (Confederación General del Trabajo), del Frente Sindical para el Modelo Nacional y de la CTA Autónoma.
"La arbitraria e ilegal sentencia en favor de la C.A.B.A. que firmaron los actuales integrantes de la Corte Suprema en perjuicio del federalismo, afectando fuertemente a las provincias argentinas, es la muestra clara de un accionar en favor del PRO y la alianza Juntos por el Cambio, como representantes de los grupos concentrados de poder de nuestro país", inicia el comunicado.
Y agrega: "A ello se suma la escandalosa toma por asalto del Consejo de la Magistratura por parte de la CSJN, colocándose Horacio Rosatti como Presidente de dicho órgano. Además arrogándose funciones legislativas a través de fallos judiciales y acordadas. Reviviendo una ley derogada, modificando a su gusto la integración del organismo y desconociendo resoluciones de las cámaras de Senadores y Diputados, haciendo caso omiso incluso a fallos de tribunales inferiores".
"Esto no es novedad, esta Corte dio previamente sobradas muestras de su falta de idoneidad y mal desempeño".
Entre los ejemplos, recordaron el 2x1 "para acelerar la liberación de detenidos por delitos de lesa humanidad" durante el gobierno de Macri en materia de derechos humanos, y los retrocesos en materia de derechos laborales, "limitando el derecho de huelga, desconociendo la relación de dependencia de trabajadores contratados, cercenando reclamos de responsabilidad solidaria por fraude laboral, reduciendo indemnizaciones por accidentes laborales".
"Otro tanto han realizado con la Obra Social del Poder Judicial, con denuncias penales de malversación de fondos, espionaje al interior hacia trabajadores, pérdida de prestadores por incumplimiento de pago, falta de autorización en tratamientos y tantos otros desmanejos sin control ni auditoria alguna, que han devenido en el pésimo servicio de salud a los afiliados y afiliadas, dañando de esta manera un derecho fundamental".
Y finaliza: "Por todo ello respaldamos el juicio político a la Corte Suprema para defender la plena vigencia de la Constitución Nacional, la división de poderes, el federalismo, los derechos laborales y los derechos humanos, convencidos de la necesidad de contar con un Poder Judicial independiente del poder económico y al servicio del pueblo".
