En el marco del acuerdo para intercambiar información tributaria con Estados Unidos, el Gobierno argentino impulsó un blanqueo de capitales y, en ese sentido, enviará un proyecto de ley para que sea tratado por el Congreso en la última semana del 2022 y funcione de manera plena desde el 1° de enero de 2023.

El ministro de Economía, Sergio Massa, presentará este lunes el régimen de “Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino No Exteriorizado”.

En paralelo, el proyecto de ley que deberá ser aprobado por ambas cámaras del Congreso, del cual ya se filtraron los primeros datos salientes.

Por un lado, quienes exterioricen su patrimonio lo podrán hacer dentro del 1° de enero y el 30 de septiembre con un impuesto no muy elevado sobre el total de los bienes.

En ese sentido, quienes opten por blanquear sus activos hasta el 31 de marzo pagarán un impuesto del 2,5%. La misma cifra aplicará a quienes tengan cuentas en el exterior, pero decidan traer los fondos al país; pero se duplicará (5%) en el caso de continuar manteniéndolos afuera.

Para quienes lo hagan entre el 1 de abril y el 30 de junio, la alícuota subirá al 5% en caso de quienes traigan sus activos a la Argentina y será del 10% si deciden dejarlos en el exterior.

En caso de blanquear entre el 1 de julio y el 30 de septiembre los impuestos a pagar serán, en el primer caso, 7,5% y si no los repatría 15%.

A su vez, aquellos que declaren sus activos en el exterior a partir del 1° de octubre tendrán sanciones económicas y penales.

Por otra parte, se estableció un apartado especial para pequeños inversores que cuenten con sumas que no superen los 50000 dólares a los que se aplicará un impuesto de 1,5%. En estos casos, para ingresar los bienes se deberá presentar una declaración jurada a modo informativo.

Además, no habrá beneficios para los funcionarios públicos. Según señala el texto, quienes ostentaron cargos desde el 2010 no podrán entrar en el nuevo blanqueo de capitales.