El juez federal Ariel Lijo autorizó a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz liquidar el Potenciar Trabajo a los más de un millón trescientos mil titulares a pesar de las 253.184 incompatibilidades detectadas por la AFIP. De esta manera, el magistrado hizo lugar al pedido del fiscal Eduardo Taiano. La nota saliente es que la ex diputada, a través de un comunicado oficial, reconoció que dio de baja a otros 20.410 titulares que venían cobrando el beneficio de manera irregular. Esas personas ya fueron “depuradas del padrón y no se les abonará el mes de noviembre. Si, en cambio, los restantes 232.590 que aún no fueron verificados.
La medida judicial, que intenta morigerar cualquier posibilidad de un conflicto en las calles por la demora en el cobro de programa social, fue adoptada después de que la ex diputada judicial le solicitara ese permiso al juzgado de Lijo y a la fiscalía de Ercolini. Ambos la investigan por los presuntos delitos de incumplimiento de funciones, malversación de caudales y abuso de autoridad. La denuncia contra la ministra fue realizada por el fiscal Guillermo Marijuán por no haber dado de baja a los titulares con incompatibilidades apenas recibió el informe de la AFIP, el pasado 25 de octubre.
Por los mismos cargos es investigado Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y secretario de Economía Social. Pérsico es el responsable de administrar el programa Potenciar Trabajo.
“El ministerio de Desarrollo Social de la Nación recibió de la Justicia la autorización para avanzar con el procedimiento de liquidación del Potenciar Trabajo correspondiente al mes de noviembre, por lo que mañana comenzarán a ver depositado el monto en sus cuentas bancarias las y los titulares de este programa”, dice el comunicado de la cartera que conduce Tolosa Paz y agrega: “El pasado jueves se puso en marcha la liquidación del Potenciar Trabajo referida al mes de noviembre, el proceso no es automático y se trabajó intensamente para acelerar los tiempos administrativos, teniendo en cuenta que diversos agentes de la administración gubernamental intervienen en el proceso de liquidación efectiva del programa”.
La resolución del juez federal que subroga el juzgado federal 12 llegó en medio de la marcha que las organizaciones piqueteras de izquierda realizaban al ministerio de Desarrollo Social contra “las políticas de ajuste sobre los planes sociales del Gobierno y la ministra Victoria Tolosa Paz”. Solicitan que de forma “urgente” se deposite el Potenciar Trabajo que corresponde al mes de noviembre a más de 1.300.000 beneficiarios.
“El Gobierno decidido a hacer un ajuste al pueblo, busca recortar los Potenciar Trabajo a cualquier costo. Intentan desacoplarlo del Salario Mínimo Vital y Móvil para pagar menos, insisten con una auditoria virtual, y ahora vienen con este informe desde AFIP”, le dijo Silvia Saravia, Coordinadora Nacional Territorial de Libres del Sur.
La dirigente social se refiere a los 253.184 beneficiarios sobre las cuales la Administración Federal de Ingresos Públicos detectó incompatibilidades. Por no dar de baja a esos titulares, el fiscal Guillermo Marijuán denunció a Tolosa Paz por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento en sus deberes y abuso de autoridad. Para Saravia, “atrás de este ajuste fenomenal está el cumplimiento del acuerdo y las recetas que les exige el FMI.”
La movilización, que comenzó a las 11 de la mañana, continuará ya que, según dijeron Saravia y Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, la ministra aún no se expresó sobre el aguinaldo que reclaman ni les aseguró que el Potenciar Trabajo no será desenganchado del Salario Mínimo Vital y Móvil.
