El intento del oficialismo de incluir en el Presupuesto 2023 un artículo para que todos los integrantes del Poder Judicial de la Nación y de las provincias paguen el Impuesto a las Ganancias, generó un tembladeral en el mundo judicial.

Agrupaciones de jueces y el sindicato de empleados judiciales salieron a replicar la iniciativa que fue aprobada ayer en comisión en la Cámara de Diputados y se declararon en estado de alerta y esta tarde (a las 16:30) la Asociación de Magistrados y Funcionarios convocó a una reunión extraordinaria para tratar el tema.

Las tres agrupaciones que nuclean a jueces, fiscales, defensores oficiales y funcionarios -y que esta semana se enfrentaron en las elecciones para el Consejo de la Magistratura- salieron a rechazar sin diferencias el proyecto. Lo mismo hizo Julio Piumato, titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.

La Lista Bordó, que preside la Asociación de Magistrados y es la más crítica al oficialismo, sostuvo que “la reforma que se intenta introducir, llamativamente canalizada en un proyecto de ley que no persigue esos fines, sino la diagramación de las erogaciones de los tres poderes del estado, evidentemente se corresponde con una nueva maniobra del partido de gobierno para atentar contra la independencia judicial y dotarse a sí mismo de herramientas de presión”.

La Bordó también incluyó en su crítica un tema de discusión en la crisis económica del país: el gasto público. La agrupación sostuvo en su comunicado que de los fundamentos del proyecto “no advertimos que la discusión del presupuesto haya incorporado, ni mínimamente, el análisis del control del gasto público ni el crecimiento que evidencia la administración pública nacional” y agregaron que así la iniciativa “se posiciona en una línea de hostilidades hacia la justicia como consecuencia del dictado de fallos que no agradan a sus promotores”.

“El salario no es ganancia. La Lista Celeste reitera su posición histórica en tanto que el salario no es ganancia (Art. 110 CN). La independencia judicial no se negocia”, sostuvo esa agrupación a través de un comunicado. En la misma línea se pronunció Compromiso Judicial: “Expresamos una vez más nuestra enorme preocupación por el intempestivo e inconsulto proyecto sobre otra ley relacionada con aplicación del impuesto a las ganancias a los integrantes del Poder Judicial y los Ministerios Públicos”. Y señaló que están en “estado de alerta”.

A través de un comunicado, Compromiso Judicial recordó cuál es su carga tributaria: “La función de los integrantes del sistema de justicia, a diferencia del resto de la función pública, conlleva la inhabilitación para ejercer la profesión u otra actividad lucrativa. Los funcionarios y magistrados realizamos aportes jubilatorios por un porcentaje total del 18% -sin tope legal alguno- del salario bruto, normalmente durante varias décadas. Los propios legisladores, invocando la necesidad de fines recaudatorios, simultáneamente se excluyen del proyecto de reforma, manteniendo un régimen de aportes del impuesto a las ganancias que, en la práctica, representa un 7% de sus salarios –¡la composición de sus salarios es muy distinta a la nuestra”.

Las entidades marcaron también que en 2016 se acordó una reforma para que empiecen a pagar el impuesto a las ganancias quienes ingresaban al Poder Judicial. Así, hoy tributan el impuesto unos 300 jueces, fiscales y defensores oficiales.

Del lado de los fiscales, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación trabaja en un comunicado para criticar la iniciativa.

Quienes se sumaron al rechazo fue el gremio de empleados judiciales que conduce Piumato. “Es absolutamente inaceptable que en plena crisis económica se trate de cargar las tintas sobres los y las trabajadoras como posible variable de ajuste”, señaló el dirigente y calificó la iniciativa de “un impuesto confiscatorio del salario”.