Terminado o avanzado el capítulo de la segmentación de las tarifas de servicios públicos de gas, electricidad y agua, el Gobierno trabajará ahora en la segunda promesa realizada al Fondo Monetario Internacional (FMI) de reducción del gasto público; pactada dentro del acuerdo de Facilidades Extendidas cerrado el 25 de marzo pasado.

En la primera semana de septiembre, durante la gira por los Estados Unidos Sergio Massa les asegurará a sus interlocutores del organismo financiero internacional que el revalúo inmobiliario prometido por Martín Guzmán será una realidad. Y este año.  

Es uno de los objetivos fundamentales prometidos por el exministro de Economía al momento de elaborar los lineamientos del acuerdo de Facilidades Extendidas, y de los pocos capítulos donde seriamente el país puede avanzar en mejorar la posición fiscal. Incluso el revalúo tiene una potencialidad similar o superior a la segmentación tarifaria anunciada este martes, prometiendo ingresos para este año superiores a los 50.000 millones de pesos.

Ese dinero se calcula a partir de la aplicación del incremento de los valores de base de la mayoría de las viviendas de todo el país, para los contribuyentes alcanzados por Bienes Personales. Luego, para 2023 el incremento en los ingresos se duplicaría y alcanzaría unos $130.000 millones.

Será por el efecto que la medida tendría en ese tributo, afectado también por el incremento que impactaría en el mínimo no imponible y el alza de los activos sobre los que cae el impuesto. Pero, además, la suba en el tributo que se paga en las provincias y municipios también debería aportar un porcentaje de los ingresos, de manera directa o indirecta, a través de la firma de un pacto fiscal.