La comisión de Legislación General del Senado bonaerense comenzó a estudiar este miércoles por la tarde el proyecto de autoría del legislador Francisco “Paco” Durañona que introduce cambios a la ley de martilleros y corredores públicos (N°10.973)orientados a llevarle un importante alivio económico a los más de tres millones y medio de inquilinos que se reparten por las diferentes latitudes de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa del referente del Movimiento Arraigo establece que las comisiones inmobiliarias, honorarios, y otros gastos asociados al alquiler de un inmueble, como informes, certificaciones y seguros de caución, queden por completo a cargo de los propietarios. Así, los inquilinos bonaerenses sólo tendrían que afrontar el mes de depósito y el primer mes de alquiler, reduciendo notablemente las erogaciones que deben afrontar, en un contexto de crisis económica.

Los oradores que participaron de la primera jornada de debate organizada por la comisión de Legislación General ensayaron una cerrada defensa al proyecto de Durañona. “Alquilar en la provincia de Buenos Aires es la lay de la selva, no hay ningún tipo de regulación y control. Se naturalizaron diferentes situaciones injustas que terminamos pagando los inquilinos. Si se aprueba esta ley se bajarían considerablemente los gastos”, opinó el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz.

El referente de los inquilinos además enumeró antes los senadores del Frente de Todos y de Juntos que participaban de la sesión de Legislación General las diferentes erogaciones que afrontan los locatarios a la hora de alquilar una propiedad. De acuerdo a los cálculos de Muñoz para arrendar un inmueble de unos $42.000 mensuales, un inquilino debe desembolsar unos $217.000 entre comisiones inmobiliarias, honorarios y otros gastos asociados, mientras que con la propuesta de Durañona pagarían apenas $80.000.

“La situación económica es dramática y la del acceso a la vivienda es estructural. Les pedimos a los senadores y senadoras que tengan sensibilidad con la urgencia que tenemos los inquilinos. Este proyecto generaría además un círculo virtuoso en la economía”, enfatizó Muñoz durante su exposición presencial en el salón Antonio Cafiero del Senado bonaerense.

A su turno, la referente Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Luna Miguels, respaldó con datos varias de las afirmaciones del titular de Inquilinos Agrupados y puso en contexto la importancia del proyecto que busca liberar a los locatarios de las costosas cargas de las comisiones inmobiliarias.

“En la provincia de Buenos Aires el 18% de la población accede a la vivienda a través de alquileres, lo que quiere decir que todas esas familias necesitan un volumen de ingresos suficiente para pagar los gastos para ingresar a la vivienda. Estudios propios dan cuenta que más del 40% de los hogares inquilinos no está seguro contar con la plata necesaria para el alquiler”, argumentó Miguels.

La integrante del CELS asimismo apuntó que “el 88% de los inquilinos declaró que no pudieron ahorrar en meses anteriores, un tercio afirmó tiene doble alquiler, casi el 40% tiene deudas de expensas u otros ítems y también el 40% tiene deudas de tareas de crédito”. “Estos datos muestran la condición de fragilidad en qué se encuentran los inquilinos”, dijo.

“El cliente de la inmobiliaria es el propietario no el inquilino, el propietario es quien elige poner en alquiler su vivienda mediante una inmobiliaria, es un gasto que no corresponde que pague el inquilino. Es necesario avanzar en un marco normativo que proteja en un mercado totalmente desregulado”, cerró Miguels.