La iniciativa también cuenta con el aval del ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta; y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tal como lo expusieron en los últimos días integrantes de su Gabinete; pero sobre todo tiene el visto bueno de la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Sin embargo, hasta hace unos días, antes de que la titular del Senado cuestionara la administración de los planes sociales y pidiera que dejen de estar "tercerizados", la propuesta estaba archivada en la Cámara baja.   

Desde los movimientos sociales dejaron a la vista su enojo por las críticas de la ex mandataria, pero también advirtieron que era una buena oportunidad para reflotar el proyecto que busca favorecer a cerca de 9 millones de personas, en especial a desocupados y trabajadores informales. Incluso un diputado con diálogo permanente con el presidente Alberto Fernández y que no pertenece a ninguna organización social se ilusiona con la posibilidad de que el oficialismo en su conjunto se encolumne detrás de esta iniciativa para sellar una suerte de unidad pasajera.  

"Frente al debate suscitado en estos días en torno al rol de los movimientos populares y los llamados planes sociales, creemos que desde la política debemos ofrecer soluciones superadoras que puedan sintetizar las contradicciones y resolver los problemas de nuestros compatriotas más vulnerados", plantearon, a través de un comunicado, los legisladores Leonardo Grosso y Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita; Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva, de la CCC; Natalia Souto, de Barrios de Pie; junto a los diputados del Frente Patria Grande Itai Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli, que presentaron el proyecto el 10 de mayo pasado. Y continuaron: "Exigimos el pronto tratamiento de las leyes de Monotributo Productivo, Salario Básico Universal y la prórroga de la ley de Emergencia Territorial Indígena". 

Los tres temas fueron parte de los reclamos que desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) realizaron el 1 de Mayo de este año bajo el pliego “Tierra, Techo y Trabajo”. La propuesta para avanzar con el Salario Básico Universal ya se la habían hecho llegar al Ejecutivo nacional durante el verano, un poco antes de que empezara a discutirse en el Congreso el acuerdo con el FMI, pero fue rechazada por el ministro de Economía, Martín Guzmán. Incluso, el dirigente santafecino Agustín Rossi le acercó la idea al propio presidente cuando todavía no había sido nombrado como interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).  

"Estas iniciativas deben ser prioridad en la agenda legislativa de la próxima sesión porque no solamente ponen de manifiesto reclamos del sector, sino que aportan soluciones integrales a problemas que son de la sociedad argentina en su conjunto, en un camino hacia una patria sin excluidos", remarca el texto que lleva las firmas de los ochos diputados y diputadas.

Por el momento, el proyecto del Salario Básico Universal no sólo no figura en el temario de la sesión que se realizará el próximo martes, sino que tampoco está previsto que se trate en comisiones en estos días, aún cuando cuenta con el apoyo del jefe del bloque oficialista, Germán Martínez. El que no está tan convencido de este tema es el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que prefiere avanzar con el proyecto de su autoría para transformar los planes sociales en empleo formal, algo con lo que comulgan los intendentes y gobernadores, así como también la vicepresidenta.