Este martes comenzó la primera de las tres audiencias públicas para definir aumentos de tarifas y segmentación de usuarios. En este caso, se presentó la propuesta oficial de incrementos en el precio del gas natural que se trasladará a las facturas de los usuarios.

En la presentación, Maggie Videla Oporto, subsecretaria de Hidrocarburos, recordó que los usuarios de los servicios públicos de distribución de gas con tarifa social no tendrán incrementos a partir de junio mientras que el resto de los usuarios tendrán una suba promedio de 20 por ciento.

Si se toman los aumentos ya aplicados en marzo, el porcentaje de suba a partir de junio será de entre 18% y 20%, de acuerdo a las distintas zonas del país

Este cálculo se basa en la pauta de aumentos acordada con el Fondo Monetario Internacional, donde el aumento total en las facturas para usuarios con tarifa social debe ser equivalente al 40% del coeficiente de variación salarial (CVS) de 2021, lo que da un porcentaje de 21,3%. Como ya hubo aumentos en marzo que llegaron a ese porcentaje, no tendrán más subas en 2022.

Para el resto de los usuarios, sin tarifa social, la suba debe ser del 80% de la variación salarial del año pasado. Ese porcentaje es de 42,7% para todo 2022. Si se toman los aumentos ya aplicados en marzo, el porcentaje de suba a partir de junio será de entre 18% y 20%, de acuerdo a las distintas zonas del país.

La funcionaria detalló algunos ejemplos de la aplicación de los aumentos: en el caso de usuarios del centro del país, la factura promedio pasará de $2.008 a $2.378. Para la zona centro, de $2.029 a $2.393. Para la zona Noroeste, de $1.151 a $1.402; y para la zona Sur, de $2.112 a $2.651.

“Esta decisión se funda en la convicción de nuestro Gobierno Nacional de que las tarifas de gas y electricidad deben tener correcciones que siempre deben estar por debajo de la evolución de los salarios. Por la necesidad que tenemos de mejorar el poder adquisitivo luego de la pandemia que hemos atravesado y a la vez que la factura tenga un peso cada vez menor”, dijo Videla Oporto.

En el caso de usuarios del centro del país, la factura promedio pasará de $2.008 a $2.378, según el informe presentado

Y recordó que el 10% de los usuarios de más poder adquisitivo dejarán de recibir subsidios y, por lo tanto, deberán afrontar subas aun más altas. “El presidente aclaró en su mensaje que se iniciará un proceso de asignación de subsidios a usuarios de los servicios públicos de gas y electricidad en función de índices socioeconómicos”, agregó.

En medio de internas, a diferencia de otras audiencias, esta vez no participaron el secretario de Energía, Darío Martínez, ni el interventor del Enargas, Federico Bernal, quien está al frente del ente regulador que debe implementar los nuevos cuadros tarifarios.

La factura del servicio de gas está compuesta por cuatro variables: precio del gas, costo de transporte, costo de distribución e impuestos y tasas. En el caso del precio del gas, lo que se traslada a la tarifa y es facturado a los usuarios depende de los subsidios. Es decir, el porcentaje que asume el Estado del precio que se paga a las empresas productoras de gas, el costo del gas importado de Bolivia y el costo del GNL importado.

Según el informe presentado en la audiencia, hoy de los USD 5,76 por millón de BTU (la unidad medida que usa el sector) del precio promedio del gas, el Estado absorbe el 75,6% (o USD 4,35) y el 24,4% restante es lo que pagan los usuarios (USD 1,41). En costo fiscal, el Estado asumiría $275.079 millones sobre un total de $363.893 millones (USD 3.064 millones), de acuerdo a los datos de la Secretaría de Energía.

Las críticas a los aumentos y la segmentación

Durante la audiencia, la diputada mendocina Jimena Latorre, de la UCR, rechazó los aumentos por ser “inoportunos” y criticó la falta de previsión y desorganización del Gobierno. “Llevan más de dos años con los entes reguladores intervenidos ilegítimamente sin ningún avance ni resultado y vienen a plantear aumentos en un escenario de mayor consumo, alza en los precios internacionales y falta de divisas”, dijo en su participación.

“Dicen que no van a permitir que las tarifas crezcan por encima de los salarios, pero el problema es que los salarios siguen muy por detrás de la inflación. Detrás de los cantos de sirenas de tarifas congeladas, el Gobierno tiró el esfuerzo de los usuarios durante la recomposición de tarifas del Gobierno anterior. Se estimaban USD 3.000 millones los subsidios y para este año van a ser USD 15.000″, concluyó.

Desde Adigas, detallaron que por cada punto porcentual de aumento del precio del gas en el PIST equivale a $86 millones de pérdida para las compañías

Por su parte, desde las empresas, representadas por la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas) advirtieron que la segmentación de tarifas generará que, en la práctica, se sumen tres cuadros tarifarios adicionales a los esquemas ya vigentes, lo que podría afectarlas económica o financieramente.

Desde Adigas, detallaron que por cada punto porcentual de aumento del precio del gas en el PIST equivale a $86 millones de pérdida para las compañías, ya que impacta en costos no reconocidos en el pass thorugh. Un aumento del 55% en el precio sería igual a una pérdida aproximada de $4.730 millones. “Los aumentos otorgados a las distribuidoras en su margen en 2021 y 2022 estuvieron muy por debajo de la inflación y de la variación salarial”, señaló Daniel Martini, director ejecutivo de Adigas.

A su turno, el diputado provincial mendocino José Luis Ramón reclamó por la ausencia en la audiencia del secretario de Energía Darío Martínez y el ministro de Economía Martín Guzmán. “El Frente de Todos no puede permitir este avance donde se considera que los servicios públicos son bienes de mercado. Son un derecho social de cada familia de la argentina que tiene que estar adecuado a la capacidad de pago de la familia”, dijo.

El diputado provincial apuntó contra funcionarios del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Energía —los llamó “las líneas medias”— que forman parte del Frente de Todos y que toman decisiones que “no se corresponden con el partido partido político que gobierna la Argentina y que no respetan el derecho humano de acceso a los servicios públicos”.