Las audiencias públicas para la actualización de las tarifas de los servicios de gas y electricidad por redes, y la segmentación de subsidios, se realizarán los días 10, 11 y 12 de mayo, de acuerdo con la convocatoria de la Secretaría de Energía dada a conocer hoy. La dependencia oficial señaló que el nuevo esquema se regirá por el principio de "gradualidad".

A través de las resoluciones 235, 236 y 237/2022, la cartera que dirige Darío Martínez estableció las fechas y la pauta que marcarán al proceso de actualización tarifaria definido por el Gobierno nacional en el programa económico, que apunta a lograr "niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva" para los servicios públicos de gas y electricidad.

La implementación de un esquema tarifario de servicios de gas y electricidad para el bienio 2022/2023 que incluya la política de segmentación y no supere el nivel de los salarios forma parte del programa acordado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este proceso se regirá según criterios y directrices de "gradualidad y proporcionalidad" establecidos en la Constitución Nacional y señalados por la Corte Suprema de Justicia, destacaron.

Así, la actualización tarifaria se impulsará, previa audiencia pública, con un esquema dirigido a "proteger aquellos sectores más vulnerables y con menor capacidad de pago", e incentivando a su vez la "adopción de medidas que promuevan al uso racional de los servicios y la reducción del impacto ambiental".

Para los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo una "corrección tarifaria relacionada a la evolución de sus ingresos", representado por el coeficiente de variación salarial (CVS), como lo establecía la Ley N° 27.443, frustrada por el veto total impuesto por la administración anterior.

Para el 90% de los usuarios residenciales, este mecanismo garantiza que las actualizaciones tarifarias siempre sean inferiores a los aumentos salariales, implicando correcciones en sus facturas menores que el incremento de los ingresos en términos reales.

El objetivo de este criterio es "proteger los ingresos reales y mejorar el aspecto distributivo de la política de subsidios", sostienen las resoluciones en sus considerandos.