Tras las 24 muertes por cocaína adulterada, organizaciones sociales reclaman que se sancione una ley de emergencia en adicciones. Apuntan principalmente a la necesidad de que el Estado destine mayores recursos para trabajar en las casas de atención y acompañamiento comunitario.

Referentes de organizaciones sociales se reunieron el lunes en el Congreso de la Nación con los diputados nacionales Federico Fagioli y Natalia Zaracho y con la diputada provincial Lucía Klug, para avanzar en la presentación de un proyecto de Ley de Emergencia en Adicciones y la modificación de la Ley de Drogas.

La emergencia consiste en destinar una partida presupuestaria especial y extraordinaria durante cinco años para abordar la problemática de consumo de sustancias y adicciones, especialmente en jóvenes, y así financiar políticas de asistencia directa en el territorio, espacios como casas de día, centros barriales y comunitarios, lugares de convivencia y contención, a cargo de organizaciones sociales y de iglesias.

“Vamos a trabajar sin parar para que en Argentina haya una ley de emergencia en adicciones que nos brinde todas las herramientas para darle las oportunidades que le sacaron a nuestros pibes y vamos a dar la pelea contra el verdadero problema que es el narcotráfico y el entramado de poder que existe”, aseguró el diputado Federico Fagioli en una conferencia de prensa.

“Las organizaciones sociales entendemos a los consumos problemáticos de una forma integral: creemos que no puede haber recuperación real sino avanzamos en políticas que construyan un país con tierra, techo y trabajo. Hay que integrar a los pibes en cooperativas, para que puedan volver a sentirse sujetos, para que puedan volver a sentir que el sistema los considera y que valen”, planteó el legislador del Frente de Todos.

Natalia Zaracho, por su parte, agregó: “Esos pibes y pibas que están con el problema de consumo están atravesados por un montón de problemas estructurales. Por eso, desde nuestro lugar que es colectivo vamos a ponerlo a disposición para llevar adelante todas las urgencias de nuestro sector”.

“La ley debe ser urgente porque los sectores populares están gritando que nuestros jóvenes no pueden esperar más”, agregó la primera diputada cartonera.

El primer punto del proyecto apunta a una reformulación de la ley 23.737, un texto que múltiples organismos y especialistas consideran anacrónica y persecutoria de los usuarios de sustancias. En segundo lugar, propone profundizar las políticas públicas de cuidado y acompañamiento así como brindar mayor presupuesto para que las personas puedan acceder a espacios de contención y atención. El tercer punto apunta a ampliar el cupo laboral y fortalecer cooperativas de trabajo que son llevadas adelante por personas que lograron recuperarse. Por último, se refiere a realizar “una articulación interministerial verdadera y llevada a la práctica en hechos concretos para encontrar una salida real a esta problemática”