Finalmente la Unidad de Información Financiera (UIF) no presentó su apelación y ratificó lo actuado por el Tribunal Oral Federal 5, que dispuso el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner en la causa Hotesur y Los Sauces. La decisión beneficia a la vicepresidenta pero su sobreseimiento aún no está firme.

La Cámara de Casación Penal aún tiene que resolver la apelación presentada por el fiscal Diego Velasco, quien pidió que se anule el sobreseimiento de la mandataria. Pero el polémico fallo del TOF 5 no fue puesto en duda por la UIF, que está vinculada con la Casa Rosada.

Con este gesto, el gobierno de Alberto Fernández da una señal de convalidación al fallo de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, quienes entendieron que no existía delito en las causas Hotesur y Los Sauces. Ambos magistrados han sido denunciados ante el Consejo de la Magistratura por  "mal desempeño" y pidió su inhabilitación por dictar "resoluciones contrarias a la ley".

En concreto, se cuestiona que los magistrados hayan evitado la elevación a juicio de la causa determinando la inexistencia de delito a pesar de la prueba que comprometía a la expresidenta.

Ahora, será la Sala I de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Daniel Petrone, Gustavo Barrotaveña y la magistrada Ana María Figueroa la que tendrá que resolver la causa. En concreto, deberán definir si confirman el sobreseimiento o si corresponde que los imputados vayan a juicio oral.

Para el fiscal Velasco la decisión de los jueces del TOF 5, con la disidencia de la tercera jueza Adriana Palliotti,  "padece de omisiones y desaciertos de gravedad extrema que las invalidan como actos judiciales contaminadas de groseros errores jurídicos y se han utilizado argumentos falaces que provocaron conclusiones falsas".

Los jueces Obligado y Grünberg entienden que no hubo lavado porque todas las transacciones quedaron bancarizadas, pero el fiscal sostiene que se equivocan al entender que "dinero bancarizado" es lo mismo que "dinero de procedencia legal". Para el fiscal tanto Hotesur como Los Sauces eran empresas fantasma creadas para lavar dinero de origen ilícito. En concreto, empresas vinculadas a Lázaro Báez y Cristóbal López (ambos proveedores del Estado) pagaban habitaciones que no eran ocupadas.