Un plenario de comisiones de Salud y Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación comenzó a analizar este lunes el proyecto que establece el llamado Plan de los 1000 días, con las exposiciones de la ministra de Mujer, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la titular de la Anses, Fernanda Raverta.
En concreto, el proyecto establece un nuevo beneficio por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.
La ministra Gómez Alcorta, afirmó que la iniciativa de "los 1000 días" de cuidado integral de la mujer embarazada "es estratégica" porque la "maternidad y el cuidado de hijos e hijas es una responsabilidad pública", ante las comisiones que presiden los legisladores oficialistas Pablo Yedlin y Carlos Heller.
La funcionaria también aseguró que el proyecto de ley pone "en la agenda pública la política del cuidado de la salud de la mujer embarazada en un momento esencial de su vida" y sostuvo “que establece como política de Estado la prioridad del cuidado de la salud integral durante el embarazo y la primera infancia".
Gómez Alcorta agregó que el programa apunta a "prevenir la desnutrición, la mortalidad infantil, la violencia así como los vínculos tempranos de la primera infancia" y remarcó que "toda mujer que curse un embarazo tiene que contar con un Estado presente".
“Queremos que ninguna mujer se sienta sola y si se encuentra sola no considere la interrupción del embarazo por una cuestión social o económica", señaló y agregó: “El cuidado integral de la salud y de las mujeres, personas gestantes y la niñez, es una responsabilidad social y pública".
La ministra explicó que el proyecto no sólo reconoce sino que también amplía derechos al establecer "asignaciones y derechos vinculados a la seguridad social, al derecho a la identidad, a la salud integral, a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad y a la información".
"Tanto los cuidados de la salud en sentido estricto y a nivel comunitario, el acceso al derecho a la identidad, las prestaciones y la cobertura de la seguridad social, la prevención de la violencia y el acceso a una información adecuada para esta etapa, son todas cuestiones que garantizan una mejor calidad de vida", argumentó.
Gómez Alcorta, asimismo, destacó que en Argentina "existen numerosas políticas públicas para atender estas necesidades" y precisó que el proyecto de los 1000 días "tiene como objetivo extender sus beneficios y realizar una coordinación más efectiva en su implementación para optimizar sus resultados".
