El 2 de agosto de 2018 marcó el punto culmine de lo que docentes, no docentes y estudiantes denunciaban a viva voz: las escuelas estaban en peligro. Aquella mañana de invierno en Moreno, Sandra y Rubén, trabajadores de la escuela n°49 perdieron la vida por una explosión originada por una pérdida de gas que había sido denunciada varias veces.

Así, sus nombres se convirtieron en la bandera de muchos actores del mundo educativo. Ahora, al cumplirse dos años de aquel terrible episodio, desde el Suteba impulsan una ley provincial de infraestructura escolar para que nunca más vuelva a ocurrir una tragedia como la de Moreno.

Así, la senadora del Frente de Todos y referente de la CTA, María Reigada, lo presentó en el Senado provincial. La legisladora y militante por la educación pública, es la voz cantante de la iniciativa.

“Tiende a poner alguna normativa más explícita en el tema para poder tener una mejor planificación y tener bien marcado qué sectores tienen que intervenir en esto. Plantea de dónde tienen que salir los fondos específicos, marca de qué manera se distribuyen en los distritos con una lógica particular. Marca qué porcentaje va a manejar el municipio, qué porcentaje los consejos escolares y qué porcentaje va a ir a la cooperadora para los arreglos del día a día”, señaló Reigada.

En la iniciativa, se impulsa la introducción de un Coeficiente de Distribución Educativa Territorial (CODET), que permita contemplar las necesidades de cada distrito y establecimiento en base a criterios objetivos que “no puedan ser discrecionales por los gobiernos de turno”.

Así, el proyecto propone que las variables consideradas incluyan la cantidad de escuelas y estudiantes, la población que debería asistir pero que no asiste por falta de oferta y la población en contextos de vulnerabilidad. Cabe recordar que, según las últimas estadísticas, la provincia tiene 5,2 millones de estudiantes y es el distrito del país con más alumnos, docentes y establecimientos.

“Se distribuye el Fondo educativo, que viene de Nación y estamos intentando que un porcentaje de lo que maneja Loterías y Casinos se destine a esto. Queremos discutirlo con el Ejecutivo, con las organizaciones y todos los actores involucrados; no es un proyecto que se piensa para ser sancionado como está, queremos que se enriquezca y que todos tengan su participación para sentirlo propio”, reforzó Reigada.

Para comenzar a trabajar en esas evaluaciones, Reigada señaló que pronto se reunirán con la directora General de Cultura y Educación, Agustina Vila, para analizar cada uno de los puntos, ya que uno de ellos marca que será la cartera la que deba brindar información pública y detallada sobre los destinos de los fondos, a la vez que impulsa la constitución de un relevamiento continuo de infraestructura escolar.

“No solo hablamos de lo edilicio, planteamos que se considere el mobiliario, la conectividad y los materiales pedagógicos que garanticen el aprendizaje. Que los recursos estén volcados en una página pública porque se tiene que planificar la re-funcionalización y la prevención que nos sirva para sostener los que hoy tenemos para acudir a la problemática antes de que sea peor”, enfatizó la legisladora.

En ese orden, la senadora matancera señaló que existen leyes de este tipo en otros países por lo que no es imposible buscar el modo de adaptar la legislación y contar con la descentralización de los recursos. 

“El fondo de financiamiento educativo nos habla de que hemos avanzado en nuestro país, pero de ahí tenemos que prever el porcentaje específico para infraestructura que es muy difuso y genera discusiones en relación a los gastos”, aclaró.

En otro orden, la senadora fue una de las que expuso en la última sesión de la Cámara alta en el marco del extenso debate que se generó por el proyecto de Juntos por el Cambio de financiamiento a las escuelas de gestión privada.