La ministra de Justicia, Marcela Losardo rechazó con vehemencia las críticas opositoras sobre la oportunidad, costo e intención política de la reforma judicial y sostuvo que su objetivo consistía en hacer más "eficiente" un servicio que reclama la sociedad. La funcionaria participó de una reunión a distancia de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y reaccionó ante las críticas de los representantes de Juntos para el Cambio.
Entre otros aspectos el proyecto dispone la duplicación de los tribunales federales que juzgan a los funcionarios en casos de corrupción, por lo que fue interpretado como un intento de diluir el poder de los actuales magistrados.
Losardo no dio las cifras que se le reclamaron, pero sostuvo que las estimaciones de que el costo de la reforma podría llegar a los cuatro o cinco mil millones de pesos son "muy alejados de la realidad" y que los nuevos cargos se crearán por etapas a medida que se habiliten las partidas presupuestarias.
Respecto de la designación de subrogantes en el fuero federal aclaró se hará mediante el mecanismo del concurso, la intervención del Consejo de la Magistratura y la del Senado. Aseguró que no habrá jueces "a dedo", pero debió oir el embate del radical Luis Naidenoff que denunció como el principal obstáculo para el funcionamiento de la justicia era la manipulación política y la protección del delito como la admitida recientemente por el intendente peronista de José C. Paz.
