El ex diputado bonaerense Guillermo Castello criticó la liberación de presos, que se sumó a sus fuertes cuestionamiento al gobierno por las medidas de confinamiento y aislamiento social impuestas hace ya más de dos meses en el marco del COVID 19. También reprochó el rol de la oposición a quienes acusa de no estar a la altura de las circunstancias en momentos donde el funcionamiento institucional se ha desnaturalizado.

“El gobierno está utilizando la pandemia como coartada y justificativo para llevarse puestas las instituciones de la República. Está gobernando por DNU, (van 34), no tiene a todos encerrados desde hace más de 40 días sin ley del Congreso, aumenta impuestos que son prerrogativa de los poderes legislativos, decretó la imposibilidad de salir del país y de moverse entre ciudades del interior, cada día cierra más la economía, defaultea la deuda y ahora se despacha con una liberación masiva de presos.”

Y agregó: “Lo más grave y preocupante es que la oposición parlamentaria y la Justicia, que son quienes deben ponerles límites y controlar al Ejecutivo, están escondidas debajo de la cama”,.

Sobre la liberación de presos, Castello opinó: “Se trata de un plan premeditado de los gobiernos nacional y provincial que no está basado en razones sanitarias, sino en motivaciones políticas e ideológicas.”

El ex candidato a gobernador de Espert señaló: “El peronismo tiene una larga tradición en abrir las cárceles y liberar masivamente a delincuentes. Lo hizo Cámpora en el 73, luego los indultos de Menem, y ahora la dupla Fernández-Kicillof continúa transitando el mismo sendero de impunidad para todos.”

Para luego indicar: “El que está en desarrollo es un plan organizado por la siniestra e infame Comisión Provincial de la Memoria, la que dicho sea de paso intenté suprimir mediante un Proyecto de Ley que lamentablemente no fue acompañado por mis colegas, y que cuenta con la participación de los ministerios de Seguridad y de Justicia, que tiene como finalidad liberar masivamente delincuentes.”

Sobre este punto, el ex legislador oriundo de Mar del Plata denunció que: “La CPM motorizó en las cárceles un plan para que más de 700 internos soliciten masivamente el beneficio de prisión domiciliaria y se instrumentó con la anuencia de la Cámara de Casación Penal, que aprobó la liberación masiva de delincuentes”.

“Hasta ahí el plan funcionaba como un reloj. Hasta que la gente se enteró de que la liberación incluía asesinos, violadores y secuestradores que, sin ningún tipo de control, ni cumplimiento de requisitos, ni tobilleras, sin haber escuchado a las víctimas o a sus familiares, eran enviados a sus casas ‘bajo el cuidado y responsabilidad de sus familias’. Y explotaron las quejas en los medios y redes sociales”, continuó.

“La Comisión Provincial por la Memoria, a través de su Secretario Cipriano García recorre los penales bonaerenses instando y motivando a los presos a presentar recursos de amparo y habeas corpus masivos, con lo cual desvirtuó completamente las funciones y objetivos de la Comisión: ahora no sólo realiza persecución ideológica a los periodistas, como vimos el año pasado, sino que descaradamente manifiesta que su objeto es lograr la liberación de la mayor cantidad de presos posibles. Es evidente que la Comisión se ha convertido en una organización criminal que, además, nos cuesta a los bonaerenses 140 millones al año”, añadió.

Finalmente Castello, quien afirmó que se encuentra trabajando en la construcción de un espacio “realmente” opositor al actual gobierno nacional y provincial en el territorio bonaerense, consideró que “el gobierno cometió muchos errores desde el principio de esta “Operación Impunidad” y la gente se dio cuenta que no había ninguna razón sanitaria, sino ideológica y para pagar favores políticos.”

”Empezó con la farsa de la liberación de Boudou, continuó con el intento del Secretario de Derechos Humanos de liberar a Jaime, y luego el resto se subió a la ola de impunidad. Después continuó con una fatal negociación de un acta acuerdo en pie de igualdad entre funcionarios y jueces, con los delincuentes, como si fueran pares. Ahora Alberto se da cuenta del costo político que está pagando y en vez de bancarse su decisión de liberar delincuentes, sale a decir que él está en contra del Indulto y la conmutación de penas y que es un asunto de la Justicia, cuando vimos que sus propios funcionarios motorizaron desde un primer momento la impunidad. Le van a echar la culpa a los jueces para inventar un nuevo relato de que la decisión no es ideológica sino judicial”, concluyó.