A poco de haber asumido el nuevo gobierno, y luego de la gran sorpresa por la designación de Martín Guzmán como Ministro de Hacienda, comenzó una intensa labor de puesta en marcha de las primeras acciones del gobierno.

Impulsados en las urgencias en diversos frentes y con la mirada puesta en lograr un fuerte impacto dentro de los primeros 100 días de gobierno, se envió al Congreso el proyecto de Ley de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva” que no es otra cosa que una Ley ómnibus propuesta por el oficialismo con las herramientas que consideran indispensables para enfrentar la situación crítica en la que se encuentra el país.

Antes de la sanción de esta herramienta legislativa clave para el gobierno, el Ministro Guzmán brindó dos conferencias de prensa que fueron marcando algunos puntos importantes del nuevo enfoque que pretenden darle a la política económica en esta nueva etapa.

Desde el primer momento ha procurado llevar tranquilidad transmitiendo un mensaje racional y mesurado para alejar los temores que pudieran existir en los mercados, pero también indicando la intención clara de atender las situaciones más críticas en el campo económico social.

El enfoque planteado implica ratificar el compromiso de pago de las obligaciones con los acreedores,  de manera en que se puedan atender al mismo tiempo las urgencias de los sectores más vulnerables, aplicando una política que estimule el crecimiento en un marco de solidez fiscal sustentable.

Intentando agrupar los cuatro principales problemas que enfrenta Guzmán podemos señalar los siguientes: Deuda, dólar, inflación y reactivación. Veamos que propone para cada uno de ellos:

1. Deuda: Ha comenzado rápidamente un proceso amigable, tanto con el FMI como con distintos grupos de acreedores. El planteo de alargar los plazos de pago sin quita, con no menos de dos años de gracia, permitiría armar un esquema realista de pagos futuro. Este esquema resulta aceptable para los acreedores en general y para el propio Fondo, lo que repercute en la importante caída observada del Riesgo País, la subida de bonos y acciones a partir de los anuncios. Se trata del punto clave de la política económica que enfrenta el gobierno de Fernández, ya que es necesario un acuerdo antes de abril para evitar un nuevo default “oficial”.            

2. Dólar: Las medidas implementadas al final del mandato de Macri  (cepo y obligación a liquidar exportaciones en plazos breves) han sido mantenidas por el nuevo gobierno. La importante entrada de divisas por la liquidación de exportaciones en el último tramo del año, ha permitido mantener una cierta estabilidad cambiaria acompañada de una moderada recuperación de las reservas del BCRA. Las perspectivas de un saldo comercial positivo a lo largo de 2020 auguran una situación positiva en ese frente. El desafío complejo será el de lograr mantener un tipo de cambio competitivo que, sin dispararse pueda acompañar la inflación, evitando caer en una nueva etapa de atraso cambiario.

3. Inflación: Sin tiempo para poner en marcha el Consejo Económico Social, Fernández ya marcó la cancha con medidas concretas que apuntan a desactivar expectativas inflacionarias. Congelamiento de tarifas por 180 días, congelamiento de precios de boletos de trenes y colectivos por igual plazo, reducción de precios de medicamentos, mientras se trabaja en el relanzamiento de Precios Cuidados y la continuidad de ahora 12. Este objetivo se completa con la intención de lograr que la política salarial y de jubilaciones de los primeros 6 meses, impulsando esquemas de incrementos de sumas fijas, potencie la inercia desindexatoria que se pretende imprimir desde el arranque del año.

4. Reactivación: El gobierno ha tomado medidas concretas para impulsar el consumo de los sectores más postergados. Los bonos de diciembre y enero para las jubilaciones mínimas ($ 5000 c/u), el bono de $ 2000 por hijo para beneficiarios de AUH, reducción de 11ptos la tasa de préstamos ANSES vigentes y condonación de las cuotas de enero, febrero y marzo. A esto se suma la implementación de la tarjeta de alimentos para las familias que cobran la AUH y que tienen niños de 0 a 6 años con una carga mensual de $ 4000 por un hijo y $ 6000 para más de 2 hijos. A estas medidas de impulso al consumo hay que sumar el alivio a las PYMES, con la baja de tasas, las líneas de crédito subsidiadas que se vienen, y el freno al incremento tarifario por 6 meses, entre otras, que buscan estimular la recuperación del sector productivo local para sumar fuerza en el impulso al crecimiento que tiene como objetivo prioritario el Ministro Guzmán.

Evidentemente, no son todas rosas para el gobierno de Alberto Fernández, y a poco de comenzar ya aparecen posturas contrarias a muchas de sus medidas. Algunas tienen que ver con planteos de defensa de intereses sectoriales, otras con el oportunismo propio del proceso de armado de la nueva oposición,  y también tienen su espacio los economistas mediáticos, que,  con la petulancia que los caracteriza, atacan con soberbia a pesar de que son pocas las veces que aciertan un pronóstico.

Intentando no caer en esas categorías ni en la grieta que parece no tener fin, es necesario señalar que hay razones objetivas para esperar resultados generales positivos en relativamente corto plazo si se logra concretar el acuerdo respecto de la deuda manteniendo el resto de las políticas anunciadas.

Esto en modo alguno significa caer en la fantasía de creer que el futuro carece de zonas oscuras que generan dudas en propios y ajenos. Desde éste punto de análisis consideramos que el impuesto del 30% al dólar atesoramiento es un error que impulsa el incremento del precio del dólar blue, alejando la operatoria de los bancos y abriendo un nuevo rulo con los no residentes que quedan fuera del tributo, con un impacto incierto sobre precios.

Tampoco ha sido clara la política que se va a utilizar respecto del nuevo mecanismo de movilidad de jubilaciones y pensiones, cuando se da por hecho que no será conveniente para los beneficiarios del sistema. Paralelamente, existe un gran malestar en la opinión pública por el hecho de que los regímenes de privilegio no sufrirán modificaciones respecto de los mecanismos de actualización vigentes.

El debate se pone interesante cuando entre opositores y oficialistas se tiran con la palabra ajuste a modo de agravio. La realidad es que existe un “ajuste” para incrementar la recaudación y brindar la solvencia fiscal necesaria para sostener los futuros pagos de deuda y los objetivos presupuestarios del gobierno.

Del lado de los ingresos el esquema afecta mayormente a los sectores que fueron más beneficiados durante el gobierno precedente. La fuente principal de ingresos surge de las retenciones al agro, el restablecimiento de las alícuotas de Bienes Personales existentes antes del gobierno de Macri, además del impuesto sobre la compra de dólares.

Por el lado del gasto el ajuste afectaría (aún sin certezas) al gasto en jubilaciones mediante la modificación en la formula de movilidad que generaría ahorros muy significativos. 

La gravedad de la situación implica que habrá costos y que las políticas no serán bien recibidas por los sectores afectados. Esto el gobierno lo sabe.

La estrategia que se plantean es la de avanzar a toda velocidad desde el comienzo cuando el crédito está en su máximo, aspirando a que los resultados de las medidas den sus frutos a medida que transcurra el mandato.

* Alexis Dritsos- Economista Partido Socialista