En el marco de la causa que investiga espionaje ilegal por parte de Marcelo D´Alessio, el diputado provincial Guillermo Castello presentó un pedido de informes en la Legislatura bonaerense dirigido a la Comisión Provincial por la Memoria para que informe si el juez Alejo Ramos Padilla le instruyó “realizar auditorías de periodistas y medios de comunicación”.
De este modo, Castello rechazó el informe de la CPM que critica a periodistas que investigaron la corrupción K.
“Dijimos esta semana que la mentada “Conadep del periodismo” estaba en marcha. Consideramos que la tarea consignada a la CPM no sólo excede ampliamente su naturaleza y funciones, sino que además constituye un peligroso precedente contra la libertad de prensa y la democracia”, puntualizó en sus redes sociales.
En su proyecto de resolución, Castello preguntó también al organismo: “Si la aceptación y posterior realización de un informe judicial en el que se le solicita describir “todas aquellas operaciones de acción psicológica” del periodista Daniel Santoro "es compatible con los derechos constitucionales a la libertad de expresión y protección del secreto de las fuentes de información periodística y los objetivos de la Comisión (Art 2 Inc e Ley 12484)”.
Castello también pidió a la CPM que “enumere los otros expedientes judiciales en los que haya emitido informe sobre la actuación profesional de algún periodista y/o medio de comunicación y/o haya accedido a las fuentes de información periodística, detallando causa judicial, juzgado interviniente y periodista o medio analizado”.
El pedido también solicita que se “consigne la identidad de las personas que intervinieron en el informe que les fuera requerido en la causa judicial “D´Alessio, Marcelo Sebastián s/ Asociación Ilícita y otro”, Nº 88/2019 por parte del magistrado interviniente, Dr. Alejo Ramos Padilla, detallando la profesión o conocimientos que las harían idóneas para la labor requerida” para saber si son expertos en operaciones psicológicas. El director ejecutivo es Roberto Cipriano García.
Castello también solicitó que se “informe el motivo por el cual se ha mantenido confidencial el informe citado, considerando los presuntos hechos de gravedad institucional que se habrían detectado, la pluralidad de delitos de acción pública específicamente mencionados en el mismo (extorsión y sobornos) y la jerarquía de algunas personas supuestamente implicadas (Justicia Federal y Provincial)", según el comunicado de la página web del organismo.
Además, pide que indique “en qué calidad ha venido interviniendo en la causa mencionada”, es decir si es auxiliar de la justicia, perito, etc. y que precise “el presupuesto asignado para el funcionamiento de la Comisión así como nómina, retribución y viáticos del personal jerárquico y autoridades”.
Por último, Castello solicita que se “informe el procedimiento de selección de autoridades haciendo público el reglamento de la Comisión” como corresponde a un organismo que debe rendir cuentas a la Legislatura Bonaerense.
