El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, dijo hoy que "ya comenzaron las actuaciones" para investigar si existe algún delito que se desprenda de las declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia bonaerense, Eduardo de Lázzari, quien se refirió a la existencia de "causas armadas".

Conte Grand sostuvo que el poder judicial de la provincia es "sumamente profesional, y dispuesto a trabajar en términos republicanos", y que las "actuaciones ya comenzaron" a fin de determinar si existe "algún panorama como el que definió De Lázzari".

"Nuestra vocación y convicción es la de encontrar todas estas situaciones en el marco institucional, no podemos cometer los errores que nosotros mismos fustigamos, hay un marco institucional y un sistema que funciona", aseguró.

No obstante, indicó que está "convencido que dentro de la provincia de Buenos Aires hay algunos elementos del Poder Judicial que hay que remover", y que se ha "avanzado mucho en eso".

El procurador especificó, en diálogo con radio Mitre, que las actuaciones se realizaron "en sede administrativa y en la sede judicial en lo penal".

"Ahora, los trámites llevan su tiempo, porque hay que hacer la sustanciación de la prueba testimonial, recabar otra información y en caso de que haya un elemento que determine la existencia de los ilícitos esa investigación llevará más tiempo", explicó.

También dijo que "estamos requiriendo información incluso a la secretaría de control disciplinario, y se ha citado algunos testigos, a aquellas personas que con motivo las declaraciones hicieron también manifestaciones en el sentido de que eran cosas que ellos conocían".

"Por lo tanto, la secretaría le va a solicitar que manifieste esto en el expediente", indicó.

De Lázzari difundió esta semana un comunicado para bajarle el tono a las declaraciones divulgadas en los últimos días, en las que hizo referencia a "abusos" en los procesos penales y a "causas armadas".

El texto difundido por la Presidencia de la Suprema Corte reseñó que los dichos fueron formulados en un encuentro con más de 100 jueces, y dio ejemplos concretos sobre los que se pronunció De Lázzari, aunque sin identificarlos.

En el texto, se explicó que el juez no identificó casos particulares por "la reserva que impone el estado de las actuaciones", pero que una de las situaciones a las que aludió era la del suspendido fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone.

El comunicado se conoció luego de que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, sostuvo en un programa de televisión que "si el presidente de la Suprema Corte cree que hay causas armadas o persecuciones está obligado a denunciarlo".