La Cámara de Diputados bonaerense fracasó hoy en su intento por emitir dictamen sobre el proyecto de ley de extinción de dominio en territorio provincial debido a la falta de quórum por parte de los representantes de Cambiemos en un plenario de comisiones.
Mediante esa iniciativa el Estado bonaerense busca poder incautar, a través de la vía judicial, bienes adquiridos mediante delitos o hechos de corrupción.
Las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, de Reforma Política y Estado y de Legislación General no lograron el quórum de diputados para sesionar debido a que no concurrieron los representantes de Cambiemos. Sólo contó con la presencia de los diputados Rubén Eslaiman, Ramiro Gutiérrez y Pablo Garate del Frente Renovador y Rocío Giaccone y Alejandra Martínez de Frente Amplio Justicialista.
La actitud del oficialismo fue criticada por la bancada del Frente Renovador, que la acusó de "falta de compromiso", según explicó el titular de ese bloque, Rubén Eslaiman.
"Estaba acordado que hoy iba a salir el despacho y no nos han avisado que no venían, evidentemente, a Cambiemos no le importa la extinción de dominio y sólo piensan en las elecciones", sostuvo el legislador.
La Cámara de Diputados provincial vive momentos de tensión política desde el pasado lunes, cuando el titular del cuerpo, Manuel Mosca, anunció que pedirá licencia por 60 días y que le quiten los fueros, tras una presunta denuncia de acoso sexual en su contra.
La iniciativa sobre la extinción de dominio que debía tratarse hoy en las comisiones fue presentada por el diputado del Frente Renovador Ramiro Gutiérrez y luego se incorporaron algunas modificaciones a partir de un proyecto del Poder Ejecutivo ingresado al Senado.
La iniciativa habilita la incautación de los bienes adquiridos mediante delitos o hechos de corrupción en los que se involucre al Estado: inmuebles, negocios, vehículos, aviones, embarcaciones u otros patrimonios. Esos bienes pasarán al Estado, que dispondrá prontamente de ellos.
La potestad para definir las expropiaciones quedará en manos de la Procuración General bonaerense, que instruirá a los fiscales para que pidan en cada caso en particular las extinciones de dominio, denominadas como recuperación de activos por la ley.
Además, plantea que los bienes que se decomisen, en el marco de una investigación penal, podrán quedar en depósito judicial o ser transferidos a un área de la Procuración.
A nivel nacional, el DNU del presidente Mauricio Macri sobre extinción de dominio para recuperar fondos obtenidos por el narcotráfico y la corrupción quedó trabado en el Congreso.
