Ante la certeza de que la inflación de marzo volvería a mostrar un valor alarmante, en el gobierno definieron el último, y tal vez definitivo, plan para enfrentar el próximo test electoral.

La importante caída en la intención de voto del oficialismo que reflejan las últimas encuestas, hizo que los laboratorios de marketing de Cambiemos consolidaran una serie de medidas  para intentar modificar  el ánimo social de cara a las próximas elecciones.

Las nuevas medidas, sin embargo, no están dirigidas a resolver los principales problemas desde sus reales causas, ya que las políticas que fracasaron en relación a la inflación, el crecimiento y la pobreza siguen siendo las mismas.

Se trata de un esquema simple, con medidas de poca profundidad real, que intentan generar la sensación de mayor estabilidad conjuntamente con una temporal (y efímera) mejora en el poder adquisitivo.

Las principales medidas del paquete son:

1.            Fijar el tipo de cambio: Con la intención de convencer al mercado, y en particular a exportadores a que liquiden las exportaciones, el BCRA definió dejar fijas hasta fin de año las bandas de no intervención actualmente en  $51,45 la superior y en $39,75 la inferior. La estabilidad cambiaria como ancla de la inflación es el objetivo principal  del gobierno. Con ese objetivo se seguirá insistiendo con el esquema de tasas altas de LELIQ y se impulsará a los bancos a subir las tasas de plazo fijo intentando evitar la dolarización de las carteras en pesos.

2.            Se implementa un esquema de precios regulados para un listado de 64 productos alimenticios, y se propone un sistema de provisión limitada de carne en $ 149 por kg en cortes  específicos.

3.            En materia de tarifas se mantienen los aumentos ya realizados. En el caso del gas siguen vigentes los aumentos de mayo (9,1%) y junio (7,5%). Tarifa de AYSA aumentará un 27% en mayo llevando el aumento  interanual al 48,5%. En electricidad, que ya acumula un incremento de poco más del 40% en el primer trimestre del año,  quedan sin efecto los incrementos pendientes del 4% en mayo y 4% en agosto, para los consumos residenciales de las empresas EDENOR y EDESUR.  Los peajes y el transporte (que ya acumula un 38% de aumento)  que dependen del gobierno nacional no tendrán nuevos aumentos durante este año. Los precios de los combustibles seguirán liberados de acuerdo a la política de desregulación del mercado impulsada por el gobierno.

4.            Se lanzan líneas de créditos para jubilados y beneficiarios de planes sociales a tasas del 40%. Se lanza Beneficios ANSES, un sistema de descuentos al consumo para quienes perciben haberes del organismo. Se anuncia una nueva colocación de préstamos PROCREAR.

5.            Existen algunas acciones adicionales como el plan de refinanciación de deudas impositivas con plazos hasta 60 meses y tasas menores, la prohibición a bancos del cobro de comisiones por depósitos en efectivo y la obligación de abonar a no más de 10 días a los comercios los saldos por las ventas en tarjetas.

El análisis del paquete en su conjunto permite anticipar que, en términos de lograr una reducción importante de la inflación, las medidas resultan insuficientes. El rubro alimentos acumula un 64% de aumento en los últimos 12 meses y ya se sabe que en la previa al lanzamiento de este plan los precios han sufrido importantes aumentos adicionales.

Por otra parte, la poca credibilidad del gobierno, tanto en el plano local como internacional, tampoco  permite asegurar que el riesgo de una corrida cambiaria haya desaparecido. El modelo de tasas altas sigue favoreciendo la bicicleta financiera mientras se perjudica a los sectores productivos y al comercio de manera  considerable.

Las medidas de estímulo al consumo, apalancadas por  los aumentos salariales que comienzan a  concretarse por paritarias actuales, los aumentos en jubilaciones y planes ya en curso y sumadas a la política de expansión del crédito antes mencionada, intentan generar en los próximos meses una sensación ficticia de abundancia en amplios sectores de la ciudadanía.

La realidad indica que un proyecto serio para reducir la inflación debe comenzar por una reducción de los costos. Esto implica terminar con los aumentos de tarifas y precios regulados desdolarizando  los precios de los mismos. La credibilidad perdida del gobierno, asimismo,  aumenta las expectativas inflacionarias, por lo cual es necesario lograr acuerdos más profundos entre empresarios, sindicatos y la oposición para poder consensuar medidas que mejoren las perspectivas futuras.

El gobierno, ha desechado nuevamente modificar las bases de su política económica y apela, una vez más, al marketing cosmético que le ha dado muy buenos resultados hasta ahora.

En los próximos meses veremos  el efecto real de las medidas en la economía real, pero también en dónde más le importa a Cambiemos que es en el resultado de las próximas elecciones.

* Alexis Dritsos Economista Partido Socialista