Alberto espera que concluya el alegato de los fiscales para pronunciarse

En la Casa Rosada y en otros ámbitos del Gobierno todo está atravesado por el alegato que finalizarán hoy los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pedirán que Cristina Fernández de Kirchner sea condenada en la causa de Vialidad. Los representantes del Ministerio Público ya acusaron a la Vicepresidenta de ser la jefa de una asociación ilícita montada sobre el Estado y que tuvo por objetivo principal beneficiar al empresario Lázaro Báez en las licitaciones de obras públicas en Santa Cruz.

Todavía no se conocieron reacciones explícitas de los dos socios mayoritarios de la coalición gobernante como el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, para defender a la vicepresidenta de las acusaciones.

Fuentes oficiales anticiparon que el jefe de Estado espera que concluya formalmente el alegato de los fiscales para referirse a la cuestión, probablemente con un mensaje en redes sociales. Por lo pronto, decidió suspender por cuestiones de agenda una visita que tenía prevista al barrio porteño de Nueva Pompeya para inaugurar junto al ministro Alexis Guerrera obras del Ferrocarril Belgrano. Igualmente, el plan original de ese acto no incluía un discurso de Fernández.

Luego de que Cristina Kirchner pidiera ampliar su declaración indagatoria, hay un clima de tensión que atraviesa a toda la coalición porque sus integrantes son conscientes de que el peronismo podría ingresar en una etapa compleja si finalmente se condena a la Vicepresidenta. Básicamente, porque no se sabe cómo reaccionarán las bases ante un pedido de eventual condena y de inhabilitación para ejercer cargos públicos de la ex presidenta. Hay temores, además, por el posible impacto sobre la tregua dentro del Frente de Todos y el rebote que pudiera existir en la economía.

Si bien no se conocieron respaldos ni de los gobernadores enrolados en el PJ, ni de la CGT, ni de muchos integrantes del Gabinete, uno de los primeros en salir a denunciar una política de persecución fue el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero. El domingo por la noche el canciller se expresó en su cuenta de Twitter: “Quieren proscribir a @CFKArgentina. La extrema derecha en América Latina es antidemocrática. Lo hicieron con Perón y recientemente con líderes populares de la región como @evoespueblo y @lulaoficial. Pero nuestros pueblos son justos: no abandonan a quienes se la juegan por ellos”.

Otros que se manifestaron en la misma red fueron el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, que no tenía incursiones en ese ámbito desde el 4 de junio (”No existe ningún decreto, decisión administrativa u otra disposición firmada por @CFKArgentina adjudicando la realización de obra pública al Sr Lázaro Báez. Sin pruebas, es solo persecución política, un antecedente gravísimo para la democracia”). Y se sumó el ministro del Interior y el máximo representante del kirchnerismo entre los ministros, Eduardo “Wado” de Pedro, quien después de las 13.30 publicó su tuit. “Los alegatos de los fiscales, por más mediáticos que sean, no son pruebas. Pruebas, no tienen ninguna. Esta causa solo tiene el objetivo de proscribir a @CFKArgentina. En estos 40 años, los argentinos y argentinas hemos consolidado con esfuerzo nuestra democracia. No retrocedamos”, manifestó como agregado en el retuit de lo ya expresado por Cristina.

También bien temprano, este lunes lo hizo Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires y uno de los máximos referentes del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Su mensaje fue mucho más escueto. “Con Cristina no se jode”, posteó.

“Rechazo la persecución judicial contra @CFKArgentina, que atenta también contra las reglas claras de nuestra democracia, y ratifico mi solidaridad y acompañamiento a quien le cambió la vida a millones de argentinos y argentinas con sus políticas públicas. #TodosconCristina”, escribió un rato más tarde, Martín Insaurralde, jefe de Gabinete de Axel Kicillof en el mismo distrito, y otro de los defensores a ultranza de la vicepresidenta.