La Justicia alertó a la AFIP lo que ya se preveía: el Estado no podrá jamás recuperar el total de la deuda que acumuló el zar del juego, Crisatóbal López, que asciende a $8000 millones en impuestos impagos. Esa suma, con multas e intereses llega a superar los $17.000 millones.

La advertencia llegó luego del informe realizado por los interventores que designó el juez en lo Comercial, Javier Cosentino, quienes tomaron el control de la petrolera Oil Combustibles -el corazón y motor del Grupo Indalo-, tras desplazar al sucesor de López, Ignacio Rosner, al frente del holding.

Los flamantes administradores judiciales -Carlos Bianchi, Francisco Cárrega y Liuba Lencova- plantearon que todos los acreedores de Oil -y en particular la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP )- deberán aceptar “una quita muy relevante y a la vez una espera prolongada” si es que desean, algún día, cobrar algo. Y esto, si la petrolera no quiebra porque hoy, indicaron, es “inviable”.

 “El pago de la deuda acumulada, si no se admitiera una quita muy relevante y a la vez una espera prolongada, aparece, con los números que exhibe actualmente la empresa, inviable”, alertaron en el escrito que presentaron ayer en el expediente del concurso de Oil Combustibles. “Es convicción de esta intervención que la AFIP debe conocer, al igual que el resto de los acreedores, que resulta de difícil concreción, cuanto menos, el recupero íntegro de sus acreencias”, abundaron.

 “Lo cierto es que no se prevé ningún escenario con un flujo de fondos suficiente para el pago de la deuda posconcursal y, en forma simultánea, a partir de una eventual homologación de un acuerdo preventivo, de la deuda preconcursal”, indicaron.

Por ese motivo, los ahora timoneles de Oil Combustibles solicitaron al juez Cosentino que convoque a una “audiencia urgente” con el titular de la AFIP, Alberto Abad, para evaluar los pasos a seguir, cuyos trazos anticiparon por escrito.

 “Esta intervención está en condiciones de afirmar que, en su visión, solo sería viable avanzar con algún acuerdo comercial con un tercero orientado a poner en marcha la actividad, si se dispusiera de un acuerdo de reestructuración de las deudas preconcursales y posconcursal que contemplen quitas, o cuanto menos de una espera a efectos de intentar esa puesta en marcha”.

Según los cálculos de los tres auxiliares del juez, Oil acumuló al menos $2000 millones en nuevas deudas desde que se inició el concurso de acreedores. Por ello consideraron que “es prácticamente imposible que la concursada afronte el pago de esa deuda posconcursal”.