El bloque de senadores bonaerenses de Unidad Ciudadana FpV presentó un pedido de interpelación al titular del IOMA, Pablo Di Liscia, para que informe sobre las causas de las reiteradas suspensiones de las prestaciones de la obra social y solicita además que se dé cuenta de las medidas adoptadas para resolver esta situación que pone en riesgo la salud de 2 millones de afiliados.

Al respecto, la senadora Teresa García estimó una deuda vencida de la obra social superior a los 1.500 millones de pesos.

El pedido apunta a que Di Liscia informe “in voce” ante la Cámara alta provincial cuáles son “los motivos del retraso y falta de pago en tiempo y forma a los distintos prestadores de servicios de salud; cuál es el monto total de la deuda de la obra social con prestadores y profesionales, y si tiene previsto un plan de emergencia para paliar el impacto del déficit prestacional para los afiliados  al IOMA”, entre otras cuestiones.

La titular del bloque de Unidad Ciudadana-FpV señaló que “la crisis en el pago de prestaciones se arrastra desde el año pasado, por lo que los 2.037.000 afiliados de esa obra social comenzaron a ver afectados su derecho a la atención médica, odontológica y psicológica, a las prácticas  de laboratorio, a las internaciones y a la obtención de  medicamentos”.

La legisladora precisó que “datos preliminares indican que la deuda vencida superaría los mil quinientos millones de pesos y por eso es imprescindible resolver esta situación para garantizar el derecho de las y los afiliados, y para asegurar además el cobro de los  honorarios profesionales por los servicios que ya han prestado”. “Esta situación afecta no sólo a los profesionales de la salud sino también a los trabajadores y demás integrantes del equipo sanitario y a instituciones del sector”, concluyó.

La iniciativa se suma al pedido de informes que el senador Gustavo Traverso había presentado días atrás, dónde solicitaba al Gobierno bonaerense que brinde precisiones sobre la grave crisis por la que está atravesando el IOMA, tras conocerse la suspensión de prestaciones a los afiliados y la falta de pago a profesionales y proveedores que se registra desde el año pasado.