El diputado radical Miguel Bazze presentó un proyecto para modificar la ley de Etica Pública, por la cual se les impedirá a los funcionarios "la utilización de bienes públicos, para realizar publicidad en beneficio personal o de partidos políticos", mientras que su compañera de bancada Karina Banfi busca reflotar una iniciativa para "regular el régimen de publicidad oficial".

"La utilización de bienes del Estado para realizar publicidad en favor de funcionarios o agrupaciones políticas es una desviación grave de los principios republicanos que deben regir en el ejercicio de la función pública", dijo Bazze, en medio de la polémica por la aparición de vehículos municipales con ploteos de los nombres de los intendentes de La Matanza o Vicente López.

Para Banfi, "esta situación constituye el uso inapropiado del dinero público para publicidad oficial. A través del ploteo de los móviles policiales se ha incurrido en la promoción de una funcionaria pública, algo que resulta inadmisible".

En un comunicado de prensa, Bazze planteó una modificación a la Ley 25188 de Ética Pública, para impedir "la exhibición de nombres y apellidos de funcionarios o dirigentes o agrupaciones políticas en muebles o inmuebles del Estado, y su utilización en la designación de programas o planes de gobierno".

"Representa una utilización absolutamente incorrecta de los bienes que son propiedad del Estado y una clara exhibición de un exacerbado culto al personalismo incompatible con el sistema republicano y democrático", argumentó el legislador bonaerense.

La propuesta establece penas de hasta cuatro años de prisión a aquellos funcionarios que violen la norma y la inhabilitación especial de uno a cinco años.

Por su parte, Banfi defendió su propuesta para regular la publicidad oficial al sostener que es "una necesidad de la democracia" ya que "resulta fundamental asegurar que "sea utilizada al servicio de la ciudadanía, de modo transparente y objetivo".