Unos días atrás presenté en la legislatura provincial un proyecto de ley que incorpora el debate público obligatorio entre los candidatos a gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

El debate deberá versar sobre temas que surgirán de una amplia encuesta a realizar por la Junta Electoral y quienes no asistan serán sancionados con la pérdida de difusión de los espacios publicitarios gratuitos asignados por el Estado.

El proyecto no sólo está en línea con la propuesta elevada a la Cámara de Diputados de la Nación por el gobierno nacional tendiente a hacer obligatorio el debate para candidatos a Presidente y con las reformas electorales impulsadas por la gobernadora María Eugenia Vidal -limitando las reelecciones indefinidas de intendentes, concejales, consejeros, diputados y senadores- sino también con las políticas de mayor transparencia que se pueden verificar en el proyecto de modernización del Estado y participación ciudadana que acabamos de aprobar en estos días en el Congreso provincial.

Se pretende que los ciudadanos no sólo gocen del derecho a escuchar las propuestas de los candidatos sino que las mismas sean públicamente confrontadas entre sí y sometidas al mayor fuego intelectual posible, a efectos de poder formarse una mejor opinión de los diversos temas, sustentar con mayor fundamento su voto y de esa manera poder elegir mas racionalmente a sus gobernantes.

Los candidatos suelen basar sus campañas electorales en mensajes unilaterales, entrevistas y actos públicos con auditorio más o menos afín, pero sólo en un debate con los demás competidores se ven obligados a fundamentar y defender –no sólo exponer- sus propuestas y a pronunciarse sobre las planteadas por sus adversarios.

El debate es particularmente útil para equilibrar las condiciones entre los candidatos oficialistas y los opositores, al quitar a los primeros la posibilidad de negarse a tener que responder públicamente sobre la gestión, mientras que, como contracara, evita que los segundos adopten posturas irresponsables.

La Constitución de la Provincia de Buenos Aires nos da la base institucional y filosófica para este proyecto cuando dice en su artículo 59 que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático, brindándoles, entre otras garantías, “…la competencia exclusiva para la postulación de los candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y a la difusión de sus ideas.”. A renglón seguido establece expresamente que “La Provincia contribuye al sostenimiento económico de los partidos políticos…”.

En el mismo artículo establece que el voto es universal, igual, secreto y obligatorio.

Dicho de otro modo, si el ciudadano tiene la obligación constitucional de votar y solventar con sus impuestos a los partidos políticos, parece indiscutible que, como contrapartida, los candidatos que representen a dichos partidos deban someterse a un debate público con sus adversarios para que aquellos cuenten con los elementos de juicio necesarios para ejercer esa obligación de manera fundada y reflexiva.

La histórica ausencia de debates entre candidatos a gobernador en nuestra provincia constituye indudablemente una asignatura pendiente que se pretende resolver con el proyecto que hemos presentado en la Cámara de Diputados provincial.

* Guillermo Castello (Diputado Provincial - Cambiemos)