Esta mañana el Boletín Oficial de la Provincia señalaba que aquellos que publicaran las declaraciones juradas de los funcionarios podrían recibir hasta dos años de prisión. Ante la ola de críticas el gobierno bonaerense decidió derogar los artículos y reconoció un "error de redacción" en la normativa.

A través de un comunicado explicaron que "a raíz de las dudas generadas por el decreto 647/16 publicado hoy en el boletín oficial, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires reconoce un error en la redacción del mismo.

Por lo tanto, la Gobernadora resolvió derogar los artículos 1, 2 y 7, "para despejar cualquier inquietud sobre el libre acceso a las declaraciones juradas, así como a cualquier otro asunto de interés público".

La mandataria provincial, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que el acceso a la información patrimonial de ella y su gabinete "es público y para todos, en el marco de las leyes vigentes", y recordó que en el mes de marzo resolvió "que todos los funcionarios y los cargos jerárquicos de las fuerzas de seguridad presentaran sus Declaraciones Juradas públicamente"