La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció penalmente al Ejecutivo provincial. Señalan que el Gobierno habría incurrido en los delitos de falsificación de documentos públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario y falsedad ideológica.

La denuncia que recae sobre el Ministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas y el subsecretario de Negociación Colectiva, Carlos Di Paolo, surge a raíz de una serie de irregularidades por adulteración cometidas desde el gobierno al cerrar la paritaria de los trabajadores estatales de manera ilegal y arbitraria en marzo pasado.

“Entendemos que los hechos que se han dado en el marco de la negociación paritaria están plagados de irregularidades y muestran cierto desprecio del gobierno para con los trabajadores del Estado, además de un grado de impunidad para cerrar un aumento salarial miserable y condenar a las familias de los estatales a penurias”, señaló el secretario general de ATE provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi.

De este modo, el equipo jurídico de ATE, encabezado por el doctor Marcelo Ponce Núñez, denunció ante el fuero penal la adulteración de las actas paritarias de los días 3 y 11 de marzo en las que se pueden observar cambios de nombres, ausencia de firmas y otras incongruencias.

Debido a ello, el sindicato pidió la remoción de las autoridades de la cartera laboral y la apertura de una investigación penal. De acuerdo a lo establecido en el artículo 293 del Código Penal la falsificación de documentos públicos puede ser penada con prisión de entre uno y seis años.

“Están dispuestos a cualquier cosa para descargar la crisis sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables. Por esto, fueron capaces de violentar la Ley Paritaria para imponer un 15% de hambre y con esto intentar aplacar el conflicto con los estatales”, apuntó de Isasi.

Los tres fallos judiciales que ordenaban al gobierno provincial reabrir la paritaria moldearon la decisión de la provincia de convocar a otra instancia de negociación para el pasado 5 de mayo.

“Ayer se reabrió la paritaria más porque el gobierno no tenía otra oportunidad que por la propia convicción de hacerlo. Volvieron a instalar claramente un operativo para cerrarla con el 15%, queriendo que firmemos un acta sin contemplar las mayorías de afiliaciones y además con los mismos funcionarios que hoy están denunciados penalmente”, dijo de Isasi.