El premio nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel visitó a la diputada del Parlasur y líder de la organización barrial Túpac Amaru, Milagro Sala, quien se encuentra detenida desde el 16 de enero en penal de mujeres del barrio Alto Comedero de Jujuy.

“Venimos trayendo el reclamo de libertad y el derecho a un juicio justo porque lamentablemente vemos que hay una condena contra Milagro antes del juicio", expresó Pérez Esquivel en conferencia de prensa en las instalaciones de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

“Hay mucha preocupación a nivel nacional e internacional por el caso de Milagro", dijo ante la prensa Pérez Esquivel, acompañado de Víctor Mendivil, de la Comisión Provincial de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM) y de Víctor De Gennaro de la CTA..

Perez Esquivel consideró "grave" al accionar de la justicia jujeña porque “en la sociedad pone en riesgo el derecho de las personas y el del pueblo. Venimos a reclamar a las autoridades y a los jueces que los argumentos no son los correctos”.

Por su parte, Víctor Mendivil de la CPM señaló que “si no se garantiza un proceso, empieza con uno y no se sabe cómo termina. En Jujuy este precedente pone en riesgo a muchísimos ciudadanos porque no se está garantizando el debido proceso judicial”.

Mendivil cuestionó las denuncias del gobernador Gerardo Morales sobre Milagro Sala: “Aducen que la libertad de Milagro Sala podría entorpecer el proceso. Y los que entorpecen el proceso son la justicia, que tiene la responsabilidad de garantizarlos, y las declaraciones y acusaciones públicas de supuestas muertes. Se pueden decir muchas cosas a los medios pero después hay que probarlas”.

En el mismo sentido Víctor De Gennaro, histórico dirigente de la CTA señaló que “el gobernador no sólo aumenta el Tribunal Superior de la Justicia, no sólo digita las causas, sino que además no puede explicar en sus declaraciones que no hay ninguna causa para mantenerla detenida a Milagro Sala”.

Milagro Sala está detenida desde el 16 de enero pasado por los delitos de "instigación a cometer ilícitos y tumulto", primero, y luego por una causa por "fraude a la administración pública, asociación ilícita y extorsión", en donde fue denunciada por cooperativistas y el Gobierno de la provincia.