Tras la polémica que se generó cuando el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, informó en la Cámara de Diputados de la Nación que el estado destinará este año 130 millones en sueldos para la Iglesia Católica, desde el oficialismo de la Cámara de Diputados de la Nación presentaron un proyecto para derogar tales decretos.

El diputado nacional Alejandro Echegaray, quien presentó la idea sostuvo: “El Estado no debe pagar sueldos para que los obispos hagan caridad sin rendir cuentas” y consideró que “en un Estado laico, este aspecto debe ser revisado”.

En este sentido, el diputado expresó que “si bien el artículo 2 de nuestra Constitución Nacional establece que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano, esto ha sido entendido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación como una obligación de apoyo económico, que no se trata necesariamente de sueldos”.

Echegaray  además comunicó que las asignaciones dispuestas en concepto de remuneraciones, jubilaciones y pensiones a favor de miembros del clero católico se dispusieron por cinco decretos leyes de la última dictadura militar, firmados por Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone.

Para finalizar, el legislador se refirió a las declaraciones del monseñor Héctor Aguer, quien manifestó que el dinero se gasta en “darle a los pobres”. “Entonces, si ese es el fin, debemos tener en cuenta que la administración de recursos públicos con fines sociales debe estar a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y demás reparticiones públicas pertinentes”, concluyó el diputado.