La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, mantuvo este lunes una reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti en la oficina de Palacio de Tribunales, y reiteró que su reclamo por la actualización del Fondo del Conurbano es "justo y legítimo". En el encuentro también se abordaron temas vinculados a la lucha contra el narcotráfico y reformas en el sistema judicial.

La reunión se produjo en momentos en que el máximo Tribunal aún debe definir si avala el pedido de la Provincia para que se declare inconstitucional el límite de 650.000.000 pesos que pesa sobre ese fondo, y que es resistido por el resto de las provincias, al considerar que en caso de que se avale el reclamo deberán resignar dinero para cubrir las partidas que recibirá la gestión de Vidal.

"Soy optimista en que la Corte contribuirá para alcanzar una solución al reclamo por la actualización del Fondo del Conurbano", dijo Vidal, informaron fuentes oficiales.

Además, la gobernadora bonaerense anticipó que la próxima semana discutirá los pormenores del Fondo del Conurbano con mandatarios de todas las provincias del país, al encabezar un encuentro de funcionarios, intendentes y legisladores oficialistas electos tras las elecciones del 22 de octubre pasado.

Asimismo, Vidal mantendrá el jueves una reunión con los gobernadores para discutir el Fondo del Conurbano. El encuentro tendrá lugar en la Quinta presidencial de Olivos, donde el presidente Mauricio Macri recibirá a los mandatarios para debatir el paquete de reformas en materia fiscal, laboral y jubilatoria que pretende llevar a cabo.

Cabe recordar que el Gobierno bonaerense presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia planteando la inconstitucionalidad del tope al Fondo del Conurbano, que desde el fin de la convertibilidad hizo que la Provincia fuera perdiendo recursos gradualmente, ya que establecía un límite de giros por 650 millones de pesos, y el excedente comenzó a ser distribuido entre otras jurisdicciones.

El reclamo, que podría ser resuelto de manera inminente por la Corte Suprema, pone en juego 53.000 millones de pesos anuales, más un retroactivo de 265.000 millones por los últimos cinco años. Esos recursos serán retraídos del resto de las provincias.