El diputado nacional del FpV Rodolfo Tailhade denunció ante la Justicia al Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional Argentino por realizar “operaciones fraudulentas en perjuicio del FGS de ANSES, que significa robarse la plata de los jubilados”.

Tailhade explicó que “el ministro de Finanzas, Luis Caputo; el secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo, Pedro Lacoste; el secretario de Hacienda,Gustavo Marconato; el titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso; y el ex director del FGS Luis María Blaquier deben ser investigados por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación contra la administración pública, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones”.

El Diputado hizo referencia a dos “operaciones sospechosas” a través de las cuales, según calculó, el Gobierno de Mauricio Macri habría transferido recursos del FGS -dinero de los jubilados- . “Estas operaciones ruinosas para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, es decir para los trabajadores y jubilados argentinos que aportan al sistema previsional, tienen un denominador común: la presencia del grupo ODEBRECHT como beneficiario directo de estas maniobras”, detalló.

Uno de los casos refiere a la provincia de Córdoba y la forma de financiación que eligieron en el gobierno nacional y el de esa provincia para pagarle a la constructora brasileña por los seis sistemas de gasoductos troncales a cargo de la filial argentina de la brasileña Odebrecht mediante el decreto Nº 1250, publicado en el Boletín Oficial.

"Venden un bono conocido como Pilar (por el nombre de la central eléctrica cuya construcción fue financiada con este instrumento) o bono EPEC, un activo financiero muy preciado en el mercado dado que su rendimiento es de 12.5% en dólares, tasa difícil de conseguir, y al mismo tiempo, adquirieron un bono, también de la provincia de Córdoba que tiene un rendimiento del 7.125%. Haciendo que eñ Estado pierda 75 millones de dólares de los jubilados, lo cual, al cambio actual, significa 1200 millones de pesos”, apuntó Tailhade.

La presentación judicial explica que el Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino aprobó la suscripción de un bono de deuda en dólares a una tasa fija de 7,125 % con vencimiento en 2026, por 150 millones de dólares, emitidos por la provincia de Córdoba y garantizados con recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos.

La otra operación, que sumaría $20 millones más de pérdida en efectivo de los fondos del FGS, es la que refiere a la venta de acciones de la empresa química Solvay Indupa a la firma brasilera Unipar Carboclor, que pertenece a Odebrecht a través de su controlada Braskem (un gigante del sector químico).

En la denuncia explica que “resulta de suma evidencia que la aprobación en enero de 2017 de la venta de acciones de Solvay Indupa a un precio de Oferta Pública de Adquisición (OPA) informado en julio de 2016, con todo lo que ello implica en un año de tantos cambios en términos macroeconómicos, resulta desde todo punto de vista inadecuado y por lo tanto irregular. La CNV debería haber tomado la cotización de la acción del último semestre de 2016, y hubiera por tanto tenido que rechazar el precio, porque le promedio arrojada $3,70 por acción. El precio promedio de la acción de Indupa desde que volvió a cotizar tras su última interrupción, el 18/7/2016, hasta que ANSeS acepta vender a $3,42 es de $3,72. Como se ve, el precio de venta es $0,30 menor al promedio de cotización entre julio de 2016 y febrero de 2017, lo cual representa una pérdida de más de $20.000.000 para el FGS, dada su tenencia accionaria”.

“La presencia de un único beneficiario en ambas operaciones parece sugerir la conveniencia de explorar otras figuras típicas como las negociaciones incompatibles del art. 265 del Código Penal, o el tráfico de influencias (256 y ss. CP), entre otras, sobre todo cuando ese beneficiario es una corporación económica que tiene a su conducción condenada por los más grandes hechos de corrupción de América Latina, que está siendo expulsada de distintos países, y que además ha hecho millonarios aportes a la campaña electoral del presidente de la Nación”, concluye.