La diputada provincial del bloque Peronismo Para la Victoria, Patricia Cubría, presentó un proyecto de ley que establece un régimen de licencia especial para las trabajadoras de la Provincia que sufran una situación de violencia de género.

Al respecto, Cubría expresó que “esta iniciativa apunta a reconocer que la violencia de género no es un asunto privado de las personas, sino que es una manifestación cultural creciente de desigualdad donde el Estado tiene responsabilidad de garantizar los derechos de las víctimas y debe actuar a través de herramientas específicas”.

De acuerdo a la normativa, los agentes dependientes de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires, cualquiera sea su régimen de contratación, podrán gozar de una licencia especial cuando padezcan cualquier tipo de violencia de género, según lo establecido por la ley Nacional 26.485.

“Incluir a la violencia de género como causal suficiente para la solicitud de una licencia especial, significa una ampliación de derechos para las trabajadoras de nuestra Provincia” afirmó la autora de la iniciativa, quien agregó “estamos generando una herramienta de protección y contención concreta ante el estado de riesgo de una víctima de violencia de género”.

A su vez, la dirigente del Movimiento Evita manifestó que “este proyecto pretende visibilizar una realidad económica, social y cultural que impone modelos y estereotipos injustos y discriminatorios que derivan en violencia de género”.

Cabe destacar que el poder Ejecutivo podrá evaluar, según la gravedad del caso, la prórroga de dicha licencia, como así también la posibilidad de la reducción de la jornada laboral y la readecuación del tiempo y lugar de prestación del trabajo sin que ello afecte los haberes de la trabajadora. En todos los casos, el organismo empleador deberá preservar la intimidad de las víctimas.

La iniciativa también prevé que la solicitud de la licencia por violencia de género se validará a través de una certificación emitida por un organismo administrativo o judicial, de carácter nacional, provincial o local, con competencia para la asistencia a víctimas de violencia de género. Asimismo, los profesionales médicos o psicológicos del sector privado tendrán facultades para realizar dicha certificación.