Cambiemos arrastra una piedra en su zapato: los aportes a la campaña de 2017 en la provincia de Buenos Aires. Ahora, la Cámara Nacional Electoral confirmó la resolución judicial que determinó que existen “notorias deficiencias” en la rendición del origen de aportes que figuran a nombre de personas físicas por casi $22,3 millones -un tercio del total- y reafirmó que se recurrió a beneficiarios de planes sociales para encubrir a algunos financistas.

Los camaristas Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas no solo respaldaron las conclusiones a las que arribó el juez federal Alejo Ramos Padilla, que también apuntaron a los gastos de publicidad callejera y por Internet, sino que lo urgieron a “determinar las eventuales responsabilidades” de los involucrados en la campaña que tuvo a la entonces gobernadora María Eugenia Vidal como una de sus protagonistas centrales pese a que ella no era candidata.

Ramos Padilla consideró probado que la coalición Cambiemos cometió “numerosas irregularidades […] vinculadas a los aportantes privados” que figuraron en sus informes, pero que luego se probaron falsos. Entre ellos, receptores de planes sociales, monotributistas y empleados del gobierno porteño que negaron haber hecho esos aportes cuando se presentaron en tribunales.

Esas sospechas se acentuaron a medida que avanzó la investigación, ya que los diversos partidos que integran Cambiemos jamás explicaron o corrigieron esas inconsistencias, por lo que “no puede tenerse por acreditado el origen y destino de los fondos de la campaña”, estimo Ramos Padilla, quien como magistrado federal cuenta con la competencia electoral en toda la provincia de Buenos Aires.

Varios de los partidos que integran Cambiemos, sin embargo, apelaron la resolución de Ramos Padilla con la esperanza de evitar las sanciones que podrían recaerles. Pro, la Coalición Cívica y el Partido Conservador Popular, entre otros, solicitaron revocar la decisión que expuso “las numerosas irregularidades vinculadas a los aportantes privados” de ese espacio.

Sin embargo, tanto la fiscalía como la Cámara Nacional Electoral respaldaron a Ramos Padilla, tras sostener que “la información a la opinión pública es la restricción más eficaz a la administración indebida”, según recordaron Corcuera, Dalla Vía y Bejas, lo que quedó en evidencia durante la investigación.

En este sentido, recordó la Cámara, “el magistrado puso de manifiesto que ‘se [obtuvieron] los testimonios y denuncias de 98 personas’. De ellas, ‘47 denunciaron penalmente su aparición como aportantes de campaña; una se presentó espontáneamente en el expediente y manifestó que no había realizado aportes; una envió carta documento por la misma razón; y las 49 restantes fueron citadas ante este Juzgado para que formularan la expresión de consentimiento de los aportes privados”.

De esas 49 personas, detalló Ramos Padilla, 19 figuraban como beneficiarias de planes sociales y, salvo dos de ellas, las restantes 17 “negaron haber realizado aportes de campaña”. A ese primer conjunto se sumó el conformado por 24 monotributistas cuyo aporte superaba el límite de facturación mensual promedio. ¿Resultado? Nueve negaron haber aportado. Y a este se sumó un tercer grupo: cuatro de los seis empleados del gobierno porteño convocados por la Justica negaron haber contribuido a la campaña.