En noviembre de 2021, el argentino Lucio Dupuy, de cinco años, murió asesinado a golpes. Año y medio después, la Justicia condenó a cadena perpetua a su madre, Magdalena Espósito Valenti, al considerarla culpable de haber matado a Dupuy, y a su novia, Abigail Páez, por el mismo delito y también el de abuso sexual. La sociedad argentina se mostró indignada al conocerse que ninguna institución detectó a tiempo la violencia que ambas ejercieron contra el niño. Con la Ley Lucio aprobada por unanimidad este jueves en el Senado, Argentina quiere evitar que eso vuelva a repetirse. La normativa busca prevenir la violencia y abuso en la infancia a través de capacitaciones, campañas de concienciación y mayor presupuesto.

“¡Vamos!¡Se hizo justicia!”, gritó Ramón Dupuy, abuelo paterno del menor asesinado, en medio de los aplausos del hemiciclo después de que la iniciativa parlamentaria se convirtiese en ley.

“La violencia de nuestras infancias atraviesa toda la sociedad y nos interpela a quienes tenemos responsabilidades institucionales y políticas”, señaló el senador Daniel Bensusán en representación del oficialista Frente de Todos. Bensuán, representante de la provincia central de La Pampa donde fue asesinado Dupuy, subrayó la importancia de legislar sobre este tema para que “se dejen de meter bajo la alfombra [este tipo de hechos]”.

La opositora María Belén Tapia, senadora por Santa Cruz de Juntos por el Cambio, agradeció la presencia en la Cámara Alta del abuelo del menor asesinado, Ramón Dupuy, y aseguró que es un ejemplo por sacar “fuerzas de donde tal vez no sabía que las tenía” al exigir justicia por el asesinato de su nieto.

La ley contempla la creación de un plan federal de capacitación de carácter continuo y obligatorio en derechos de niños, niñas y adolescentes dirigido a todas las personas que desempeñen la función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La capacitación puede extenderse a administraciones provinciales y municipales y también a organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales.

Otro de los ejes centrales de la normativa es la protección de aquellos que denuncien casos de violencia y/o abuso infantil ya que obliga a garantizar “la reserva de identidad del denunciante y la protección de su integridad”. Este punto es clave para que personal de instituciones educativas o centros de salud que detecten indicios de maltrato puedan dar la voz de alerta sin miedo a las consecuencias de la familia.