La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires dispuso que a partir del 1° de junio de 2023 quedará suspendido el régimen de jubilaciones de las y los trabajadores del Banco Provincia (Bapro), interrumpiendo así la ley sancionada durante la gestión de María Eugenia Vidal.
Se trata de la ley 15.008, aplicada a los afiliados de la Caja de Jubilaciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires que hubieran accedido al beneficio al amparo de leyes anteriores, entre ellas la 13.364. El Tribunal sustentó la decisión en la necesidad de “evitar perjuicios de difícil reparación ulterior”.
De acuerdo a un comunicado dado a conocer por el máximo tribunal bonaerense, la resolución -adoptada por unanimidad-, “se encuadra en la causa colectiva conformada a partir de acciones declarativas de inconstitucionalidad contra la ley 15.008 promovidas por la Asociación Bancaria, la Asamblea Permanente de Jubilados del Banco Provincia y la Unión de Jubilados del Banco Provincia”.
Además recuerda que el Procurador General “había dictaminado que el régimen de movilidad establecido en la aludida norma constituía una disposición regresiva que afectaba los derechos de los jubilados”.
El Tribunal sostuvo que desde la vigencia de la ley 15.008 al presente la movilidad de los pasivos del Banco Provincia “quedó librada a los avatares de un sistema previsional extraño, que en los hechos ha afectado el derecho de quienes gozaban del beneficio previsional”.
En tal sentido, detalló que en los cuatro años posteriores a la entrada en vigor de la ley 15.008 se produjo una merma en los haberes jubilatorios, que, en la liquidación del mes de diciembre de 2022, “es del orden del 30% y acumulativamente supera el 40%”.
“La decisión importa recuperar –de modo secuencial y progresivo- hasta un 86% de la cuantía de los haberes que hubieran percibido los beneficiarios con el sistema que rigiera con anterioridad a la reforma cuestionada” completaron.
Lo resuelto, expresó la Corte, se extenderá hasta la sentencia de fondo. También tuvo presente la necesidad de contar con una normativa sobre esta materia, en una clara alusión a las dificultades para hacer avanzar la reforma de la Ley en la Legislatura.
En ese marco, “exhortó al poder legislativo a fin de arribar en el año en curso a una solución sustentable y compatible con el ordenamiento constitucional, conforme a los principios de la decisión adoptada”.
