Luego de que el Gobierno anunciara que no va a acatar el fallo de la Corte Suprema sobre el recorte de fondos de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, distintas entidades empresarias se manifestaron para señalar la gravedad institucional de la medida.

La Asociación Empresaria Argentina, AEA, que nuclea a los dueños de las grandes empresas argentinas –como Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Clarín), Luis Pagani (Arcor), Alfredo Coto (Coto), Sebastián Bagó (Bagó) y Federico Braun (La Anónima), entre otros– definió como de “extrema gravedad” la intención del Ejecutivo de no cumplir un fallo de la Corte.

“La República se construye sólo sobre el respeto a la institucionalidad establecida en nuestra Constitución Nacional”, aseguró la asociación.

Desde IDEA, en tanto, destacaron en un comunicado que una encuesta de la que participaron más de 250 empresarios se destacó la “estabilidad institucional” como la principal palanca para incentivar la inversión, superando ampliamente otros factores como la inflación, la cuestión laboral o el marco impositivo.

“El respeto absoluto a los fallos de la justicia es un pilar de la democracia y, por lo tanto, de la estabilidad en las reglas de juego que es imprescindible para que aumente la inversión privada y con ello el empleo. El anuncio del Poder Ejecutivo que implica el no acatamiento del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es de una inusitada gravedad institucional y un peligroso precedente para que otros actores decidan cumplir solo con aquellas decisiones de la justicia que les son favorables”, dijeron desde IDEA, que agrupa a empresarios de distintos sectores.

“En democracia hay que cumplir este y todos los fallos de la Corte Suprema, que ahora se ha vuelto a ver obligada a intervenir en cuestiones de coparticipación federal ya que el Congreso nunca ha sancionado una nueva ley de coparticipación conforme lo manda la Reforma Constitucional de 1994″, agregaron.

Con un mensaje similar, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) comunicó su preocupación los “avances” del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, y consideró que altera la división de poderes en la República.

“Las recientes declaraciones en contra de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte del Poder Ejecutivo traen incertidumbre e inestabilidad política, jurídica e institucional a un país en el que, quienes invierten y dan trabajo, cada vez tienen menos certezas y garantías. La unión que experimentamos los argentinos tras un objetivo común, como lo es la obtención de la copa del mundo de fútbol, queda así desvirtuada por luchas en estamentos del Poder Público, que demuestra no estar a la altura de las circunstancias para comenzar una senda de crecimiento”, dijeron.

“Instamos al Poder Ejecutivo a que acate las decisiones de la Justicia en general y de la Corte Suprema de Justicia en particular, como lo hacen las naciones avanzadas que le brindan a su población un crecimiento digno, mediante el respeto real e indefectible de sus Instituciones”, agregaron.

El Foro de Convergencia Empresarial expresó: “La anunciada decisión del Presidente de la Nación de no cumplir un fallo de la Corte Suprema de Justicia configura una situación de extrema gravedad institucional. Quien ocupa el más alto cargo del Poder Ejecutivo, y que, al asumirlo ha jurado observar y hacer observar esa Constitución, debería mostrar una conducta ejemplar y acatar las decisiones del más alto tribunal. No hacerlo genera un grado inusitado de confusión e incertidumbre, de gravísimas y negativas implicancias tanto en lo económico como en lo social. Es por tal motivo que instamos al Poder Ejecutivo a reconsiderar su postura a fin de evitar la configuración de una situación que, más allá de sus imprevisibles consecuencias institucionales, afecta gravemente la confianza en el país que requieren las inversiones que tanto se necesitan”.

También se manifestaron desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap). En un comunicado, señalaron su rechazo a la decisión del Gobierno a la que calificaron como un “golpe institucional”.