“Hoy entrás al súper y ya estás en el mundo de Precios Justos”, dicen en la Secretaría de Comercio. Si bien todavía no llegaron a las góndolas los carteles indicativos, el programa –que hasta ahora dispone una canasta de 1.879 productos a precios fijos por cuatro meses y un ritmo de 4% de aumento mensual para los ítems de las empresas adheridas que queden por fuera– ya está operativo, y lo está también la aplicación diseñada para que los consumidores puedan monitorearlo. Hasta la medianoche del miércoles se habían registrado 873 denuncias. 

La aplicación tiene 120.000 descargas, el doble que la de Precios Cuidados, y ya se iniciaron 1.600 conversaciones en el chatbot. “Es un fuego”, resumen, con jerga juvenil, en las oficinas que encabeza Matías Tombolini. El Gobierno se valdrá de intendentes, militantes de organizaciones sociales, ONGs y “toda organización civil que quiera colaborar” para controlar su cumplimiento y educar sobre el funcionamiento de la aplicación, disponible para Android e iOS.

Al día de hoy 107 empresas de consumo masivo, supermercados y mayoristas se encuentran dentro del programa y el Gobierno aspira a llegar a las 125 en la medida que se profundice la “regionalización”, con la adhesión de pequeñas y medianas empresas que no tienen necesariamente alcance nacional. El programa quedará abierto y se continuará firmando los convenios uno a uno. 

Al día de hoy, 63 empresas ya mandaron la documentación necesaria y avanzaron con la instancia de la firma efectiva. En Comercio consideran que es un buen ritmo, dado que el proceso solo lleva “tres días y dos horas hábiles”. Es un trámite complejo, sobre todo para las grandes multinacionales de consumo masivo, que necesitan sortear distintas etapas de revisión internas.

Entre esos documentos, el Gobierno demanda que cada firma le envíe un excel con sus necesidades de importación para controlar que sea acorde a su producción y garantizarles el acceso a los dólares necesarios para concretar las compras. Ese es el estímulo que ofrece el ministerio de Sergio Massa para sumar empresas a las filas de Precios Justos, pero avisa que el Estado “no negocia de igual a igual con privados”. “Los estados no son pares del sector privado; ofrecen un modelo de acuerdo y el privado suscribe o no”. 

Con esto quiere decir, que el acuerdo que pusieron sobre la mesa implica que las empresas suscriban voluntariamente al acuerdo y muestren su vocación de cumplir antes de que se les liberen los dólares demandados. En concreto: Comercio exigirá tener primero el acuerdo firmado y operativo para garantizar la fluidez de las importaciones. “De todos modos los dólares están y no hay ningún incentivo para incumplir con el compromiso por parte del Estado”, aclaran.

En los despachos oficiales notan una actitud colaborativa por parte de las empresas y se entusiasman con la idea del contagio o, en términos más duros, del control mutuo. Según se comunicó oficialmente, Precios Justos incluye a empresas que representan el 86% del consumo masivo en Argentina y lo que se busca es que “todos podamos seguir una regla”, incluyendo a las firmas que integran las cadenas productivas de cada ítem. 

La idea es que ese tope de 4% de aumento mensual de precios al que algunos adhieren voluntariamente se extienda a toda la economía y que sea, ejemplifican, como cuando se dejó de fumar en los restaurantes. “Una persona veía a otra fumando y le decía ‘che, no se puede hacer más eso acá’, aún siendo esa misma persona fumadora”. Piden no interpretarlo como “un apriete” sino como una responsabilidad compartida. De lograrse, esa coordinación que modere las expectativas inflacionarias hacia adelante sería el activo más importante de Precios Justos.