El Gobierno necesitará unos $800.000 millones netos de adelantos transitorios del Banco Central y más de 3,7 billones de pesos por parte de inversores en el mercado local para poder cubrir el déficit que tendrán las cuentas públicas el año próximo, según prevé el proyecto de Presupuesto 2023 que el Ministerio de Economía envió al Congreso el jueves pasado.
Se trata de uno de los puntos críticos de la ley de ingresos y gastos para el año que viene: de qué manera el Poder Ejecutivo podrá financiar el rojo fiscal previsto, equivalente a 1,9% del PBI de acuerdo al programa vigente con el Fondo Monetario Internacional, y que el equipo económico se comprometió a respetar en 2023. En ese sentido, el programa consensuado le pone, a priori, un techo a la cantidad de pesos que el Tesoro puede tomar por parte del Banco Central.
Se trata de la cantidad de adelantos transitorios que puede emitir la autoridad monetaria en 2023 para asistir al Tesoro nacional. La hoja de ruta con el FMI planteaba que el tope de financiamiento desde el BCRA se reduzca de 1% del Producto Bruto a 0,6% a lo largo de 2023. En proyecto de presupuesto elaborado por el equipo de Sergio Massa contempla ese límite y de esa forma prevé pedirle algo más de $800.000 millones en forma neta al Banco Central.
Esa cifra surge de las planillas de fuentes de financiamiento y aplicaciones financieras que explicitó el Palacio de Hacienda en el proyecto de ley. Así, afirma que requerirá un total de 3,326 billones de pesos de adelantos transitorios de los cuales cancelará 2,443 billones de pesos, lo que daría como resultado neto un financiamiento para las cuentas públicas de $883.000 millones por parte del Banco Central.
Respecto a la hoja de ruta del programa financiero, el Estado nacional buscará un fondeo de manera neta -es decir, luego de pagar los intereses de la deuda- equivalente a 2,7% del Producto Bruto, lo que implicarían más de 3,7 billones de pesos. El texto enviado al parlamento, además, pone de manifiesto cuál será la estrategia que llevará adelante la Secretaría de Finanzas.
Por un lado, establece que el plan de colocación de deuda en el mercado local se basará en 2023 en “mantener un sendero de tasas reales positivas dentro de un rango sostenible para incentivar la participación inversores privados”. Por otra parte, sostiene que “se invitará a realizar operaciones de conversión de activos para extender los plazos de financiamiento”, algo que el equipo económico realizó en agosto y que podría repetir para los vencimientos de noviembre y diciembre.
Además, buscará “a partir de una desaceleración de la inflación se buscará incrementar la participación de instrumentos a tasa fija a mayores plazos de vencimiento”, y por último, “la reducción continua de las necesidades de financiamiento será fundamental para garantizar una dinámica de endeudamiento sostenible”.
Otro capítulo del programa financiero estará determinado por el fondeo que provenga desde los organismos internacionales de crédito. La mayor parte, por lógica, corresponde al Fondo Monetario, ya que el Gobierno recibirá unos USD 15.655 millones el año próximo aunque deberá devolver incluso una porción mayor de divisas de lo que ingrese: el presupuesto prevé giros al FMI por poco más de USD 17.000 millones.
Para el resto de los organismos de crédito el saldo para el Estado argentino será favorable. Recibirá unos USD 1.241 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), casi USD 900 millones por parte del China Development Bank Corporation, otros USD 745 millones agrupados en Otros organismos entre los que se incluyen Fonplata, USD 628 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y USD 600 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
