sábado 2 de agosto de 2025 - Edición Nº3525
Dos Líneas » El País » 14 Jul 2022

Cristina convocó a senadores a discutir el Salario Básico Universal

Hasta ahora, la única iniciativa existente lleva la firma del diputado de Patria Grande, Itai Hagman, la cual propone un piso de ingresos equivalente a la canasta básica alimentaria para un universo de 7,5 millones de personas.


 

"¿Le negarías a alguien el derecho a comer?", rezan los carteles con los cuales organizaciones sociales cercanas al oficialismo empapelaron el centro porteño. La campaña, que reclama por el Salario Básico Universal, anticipa el eje que guiará la agenda legislativa en el Congreso una vez que finalice el receso invernal: la crisis económica. 

Mientras Silvina Batakis termina de acomodarse en su nuevo cargo, sindicatos y movimientos sociales se preparan ya para movilizar levantando la bandera del ingreso universal - ese reclamo que reinstaló Cristina Fernández de Kirchner en el debate público y que, ahora, comienza también a impulsar en el Senado -, así como la de la renta inesperada. El incipiente plan de lucha apunta a presionar sobre las resistencias del Ejecutivo y allanar el camino para su debate parlamentario. El reclamo por la distribución, sin embargo, no será el único protagonista, sino que el oficialismo se prepara también para continuar impulsando una agenda productiva que, hasta ahora, logró avanzar con bastante consenso en Diputados. 

De todas las iniciativas presentadas por el Frente de Todos, el Salario Básico Universal es la estrella. No solo es la bandera que encabeza el pliego de demandas de las organizaciones sociales cercanas (aunque cada vez menos) al oficialismo - como el MTE que lidera Juan Grabois o la Corriente Clasista y Combativa - y la CTA, sino que la propia vicepresidenta ha decidido tomar la posta del reclamo. En la última semana, CFK convocó a senadores de su entorno para comenzar a trabajar el tema y se espera que la Cámara alta presente también su propio proyecto. Hasta ahora, la única iniciativa existente lleva la firma del diputado de Patria Grande Itai Hagman, la cual propone un piso de ingresos equivalente a la canasta básica alimentaria (hoy 14.400 pesos) para un universo de 7,5 millones de personas, compuesto principalmente por trabajadores informales o personas en situaciones de vulnerabilidad. Por estos días, tanto Hagman como otros figuras de Patria Grande han estado asesorando a Juliana Di Tullio y otres senadores que están trabajando en la letra de un nuevo proyecto. La expectativa es que, de comenzar a tratarse primero en el Senado, tendría un mayor impacto político y serviría también para ordenar el frente interno.

Más allá del SBU, algunos gremios han estado reclamando también por reinstalar el debate por la renta inesperada. Presentado originalmente por Martín Guzmán hace más de un mes, el proyecto establecía una sobrealícuota del impuesto a las Ganancias para aquellas empresas que se habían visto beneficiadas por el alza de precios internacionales debido a la guerra en Ucrania. La iniciativa nunca comenzó a ser tratada en la Cámara de Diputados y, ahora, en el bloque oficialista están a la espera de una señal de Batakis para ver si activar el debate. A diferencia del SBU - que genera resistencias tanto de parte de la nueva ministra como del presidente  -, Batakis se manifestó a favor de la iniciativa al poco tiempo de ser designada. "Es un instrumento que logra generar una redistribución de recursos que nos hace bien a todos", había declarado en C5N. Desde su entorno aseguraron que el tema no estaba aún en agenda, pero que en el futuro podía cambiar. "Están todos recalculando, son días frenéticos en Economía. Hay que esperar un poco", indicó a este diario un importante diputado oficialista.

Si bien un sector del FdT aguarda a que Batakis de nuevas señales, la conferencia de prensa que dio el lunes sí dio un anticipo sobre una idea que pretende llevar al Congreso: la modificación de la Ley de Administración Financiera. En línea con sus anuncios de "solvencia fiscal", los cambios apuntan a establecer un sistema de "cuenta única" como sucede en muchas provincias y el congelamiento del personal en los organismos del Estado

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