El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner continúan sin verse ni dialogar entre ellos y los cruces públicos van escalando la tensión interna en la coalición de gobierno Frente de Todos, lo que genera preocupación entre los gobernadores que miran a 2023 mientras de reojo observan el deterioro socioeconómico que está provocando la inflación más alta en treinta años.

Los gobernadores oficialistas quieren pasar a la acción tras meses de silencio en un marco de guerra fría en lo más alto del poder. Pocos logran hablar con Cristina y ninguno ha logrado hasta ahora que Fernández –quien también preside el Consejo Nacional del Partido Justicialista- convoque a la institucionalización de la coalición.

Mientras, la vicepresidenta ha decidido elevar la presión para que el Presidente y sus ministros mejoren la calidad de la gestión, con medidas más acordes a lo que fue el Gobierno que ella presidió entre 2011 y 2015, aunque sin considerar que los resultados por entonces no han sido los mejores. Las reservas netas, por ejemplo, terminaron en valores negativos el último mandato cristinista.

Ahora, la vicepresidenta exige mano dura en el control de importaciones. Pide “usar la lapicera”, como la usaron Guillermo Moreno y Augusto Costa, sus dos secretarios de Comercio. Y espera que el recientemente designado Guillermo Michel en la Dirección General de Aduanas (DGA) ponga la lupa sobre la sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones.

Esto último es un mecanismo que, según el kirchnerismo, está provocando que el Banco Central no pueda sumar reservas en el mejor momento en términos de intercambio para la Argentina desde 1983 hasta la actualidad. Algunos hombres de negocios como el multimillonario Eduardo Constantini reconocen que este problema existe en el país.