Sergio Urribarri, exembajador en Israel y exgobernador de Entre Ríos, fue condenado a ocho años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua por los delitos de “negociación incompatible con la función pública y peculado” en cinco causas que se tramitaron desde septiembre del año pasado en los Tribunales de su provincia. Anoche el presidente Alberto Fernández aceptó su renuncia.
Entre otras cuestiones, fue condenado por el envío de palmeras de su provincia para montar un parador en una playa de Mar del Plata, cuando buscaba posicionarse en la carrera presidencial para suceder a Cristina Kirchner.
Urribarri había puesto a disposición su dimisión después de que se conociera la condena decidida por el tribunal de Juicios y Apelaciones de Entre Ríos, por el desvío de fondos públicos entre 2010 y 2015.
Urribarri, exgobernador de la provincia mesopotámica, expresó desde sus redes sociales que el fallo de primera instancia es una “clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de derecho”, por lo que anticipó que apelará con la “convicción de que me asiste la razón”, manifestó.
Los jueces decidieron condenar a 8 años de prisión efectiva a Urribarri más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de $180.000 por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública.
Los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón consideraron que “con pleno conocimiento” se “echó mano a fondos” provinciales para un “interés netamente particular”, en referencia a una “campaña para posicionar la imagen de Urribarri como candidato a presidente” en las elecciones de 2015. También indicaron en su fallo que hubo “retornos” por parte de los empresarios contratados.
La audiencia, de más de 12 horas, se desarrolló desde las 8.30 en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia entrerriano, en Paraná, pero Urribarri y su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, participaron de manera virtual.
Además de Urribarri y Báez, estaban acusadas otras 11 personas entre familiares, empresarios y exfuncionarios de su gestión.
Las causas abiertas eran tres: negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública. Los fiscales Patricia Yedro, Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano unificaron los expedientes porque todos se basaban en la “utilización de fondos públicos para financiar la campaña presidencial” de Urribarri en 2015.
