La gobernadora Arabela Carreras elevó esta mañana el proyecto de pase a planta de contratados en el Estado provincial a la Legislatura.

La iniciativa será remitida a Comisiones, previéndose el análisis de los legisladores a partir de los próximos días. El oficialismo prevé su tratamiento en el recinto durante agosto. Hoy, el Poder Legislativo volvió a la actividad, después de dos semanas de receso.

Ya anunciado, el proyecto gubernamental establece que los contratados por el Estado provincial, hasta el 31 de diciembre del 2020, se incorporen a planta permanente.

El cálculo inicial indica que esta medida alcanzará a 1.969 estatales, de los cuales, en sus fundamentos, el gobierno provincial resalta que “1.238 son trabajadores de la salud que en su mayoría ingresaron el año pasado para reforzar los equipos que luchan contra el COVID-19. Casi el 63%" de los alcanzados es personal sanitario, se remarca.

Además de Salud, la nómina se compone con 183 agentes de la secretaría de Niñez; 130 de Educación, , 65 del ministerio de Desarrollo Humano, 56 de la secretaría de Seguridad y Justicia, y 55 del Ipross.

La lista se completa con 40 agentes del ministerio de Producción y Agroindustria, 35 de la Agencia de Recaudación, 21 de Gobierno, 20 de Economía, 20 de la Secretaría General de la Gobernación y 15 de la secretaría de Ambiente, entre otros.

Con la elevación del proyecto, el gobierno de Carreras avanza con el acuerdo logrado con ATE para la estabilidad laboral de esos contratados, anunciado en abril. Esta mañana, antes de la información gubernamental, ese gremio estatal informó de la elevación parlamentaria.

Precisa que el proyecto establece para el pase que se cumpla “trabajo ininterrumpido en el Estado desde el momento de ingreso; no haber incurrido en sanciones disciplinarias con más de 10 días de suspensión en los últimos 2 años; y no contar con una causa penal pendiente que pudiera ocasionar una condena por delito doloso o por delito en perjuicio de la Administración pública”.

También se “crea la Comisión Ejecutiva Central, un ámbito que se desenvolverá dentro del Consejo de la función pública y que velará por el cumplimiento de la ley”, que “estará presidida por Liliana Arriaga, dos representantes del Ejecutivo y dos representantes gremiales”.