miércoles 24 de febrero de 2021 - Edición Nº1905
Dos Líneas » Actualidad » 22 feb 2021

Claro y Movistar reintegrarán los importes que cobraron de más durante enero y febrero

Lo confirmó este lunes el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gustavo López.


Las empresas de telefonía móvil devolverán a sus clientes los importes cobrados indebidamente durante los dos primeros meses del año, mientras que Personal será sancionada.

Las empresas de telefonía móvil Claro y Movistar reintegrarán a sus clientes los importes que cobraron de más durante los meses de enero y febrero. Así lo confirmó este lunes el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gustavo López.

Sin embargo, Telecom (Personal) se negó a cumplir con la ley vigente sobre materia tarifaria por lo que probablemente le quepan sanciones en consecuencia.

Fue en diálogo con Télam Radio que López advirtió que los usuarios de Movistar y Claro con la facturación de marzo “van a recibir el reintegro de lo que les cobraron por encima de lo autorizado en enero y febrero". Al mismo tiempo, el vicepresidente del ENACOM remarcó que Telecom continúa por fuera de la ley y será sancionada como corresponde.

Antes de Movistar y Claro, Telecentro y DirecTV fueron quienes regularizaron su situación ajustadas a la legislación vigente. Telecom es la única que no cumplió con el decreto 690 y además se niega a hacerlo.

En efecto, Gustavo López aseguró que será "sancionada y se le cobrará intereses por lo que le están cobrando incorrectamente a los usuarios", y adelantó que el Estado actuará hasta las “últimas consecuencias”.

Cabe recordar que el DNU 690/20 tuvo como objetivo garantizar el derecho humano de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por cualquiera de sus plataformas, lo que requirió de la fijación de reglas por parte del Estado para asegurar un uso equitativo, justo y a precios razonables con el fin de beneficiar el interés público, ofreciendo al usuario y usuaria mayor variedad de servicios a precios más bajos, sin que ello sea en detrimento del principio de competencia, por lo que se procuró generar eficiencia y rentabilidad económica para las empresas prestadoras.

Mediante el decreto se estableció servicio público al acceso a las tecnologías de la información y comunicación y estableció una prestación básica con un esquema de precios regulados.

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