Tras la recusación del juez Roberto Gallardo, el Gobierno porteño volvió a presentarse hoy ante la Justicia y pidió que se suspenda la audiencia prevista para el 10 de febrero, donde los ministros de Salud, Fernán Quirós, y de Educación, Soledad Acuña, iban a dar explicaciones sobre los protocolos sanitarios que se implementarán para el reinicio del ciclo lectivo. La decisión quedó en manos de la jueza Paola Cabezas Cescato, que reemplaza a Gallardo mientras la Cámara en lo Contencioso Administrativo resuelva la recusación.

La Ciudad sostuvo que los ministros citados “tienen su agenda completa, por lo que su citación y la designación de la audiencia, obedecen al capricho del Juez”. Al mismo tiempo, puso a disposición de la Justicia la información sobre “las acciones implementadas para desarrollar los testeos al personal docente y no docente”.

En el caso que la jueza confirme la audiencia, los abogados de la Ciudad reclamaron que puedan ir otros funcionarios designados por Quirós y Acuña.

Gallardo había citado a los ministros a raíz de una acción de amparo promovida por Claudio Luis Elías, un supuesto representante gremial de los docentes, y les ordenó que asistan “en forma personal e indelegable”. También requirió que se le informe si la administración de Horacio Rodríguez Larreta tiene previsto realizar testeos de “manera periódica” durante el ciclo lectivo 2021, “así como la adopción de otras medidas tendientes a prevenir la propagación del virus Covid-19 en el ámbito escolar”.

El Gobierno porteño recusó al juez en duros términos y logró que se aparte mientras resuelve la Cámara. Ese trámite puede durar varias semanas. El Código Procesal establece que el tribunal “recibe el incidente a prueba por cinco días” y que “vencido el plazo de prueba y agregadas las [pruebas] producidas, se resuelve el incidente dentro de cinco días”.

En la recusación, los abogados de la Ciudad afirmaron que Gallardo “confunde su rol de director del proceso con el de parte, resolviendo por fuera de lo requerido, y en clara contraposición con las reglas procesales a las que debiera atenerse, vulnerando las garantías constitucionales del Gobierno de la Ciudad”.