Promulgada hace 62 años, la Ley Orgánica de las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires finalmente se acoplaría a los tiempos que corren gracias a un proyecto de reforma que busca incorporar cambios sustanciales con perspectiva de género.

La iniciativa fue presentada por la Red Federal de Concejalas y la ex senadora pampeana María Higonet en un encuentro virtual del que participaron la ministra de Gobierno Teresa García; su par de Mujer, Políticas de Género y Diversidad, Estela Díaz; la presidenta de AySA Malena Galmarini, y la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y concejala Victoria Tolosa Paz.

Entre otros puntos, la propuesta de reforma condena las violencias, garantiza el derecho a las licencias laborales por maternidad y paternidad; incorpora las hasta ahora vedadas palabras "vecinas", “concejalas” e “intendentas”; establece la obligatoriedad de paridad en las comisiones de los Concejos, y fija un marco normativo para padres deudores de cuotas alimentarias.

En definitiva, una adecuación que busca empoderar a las mujeres políticas en gobiernos locales -es decir el ámbito de representación democrática de vecinas y vecinos- con el fin de consolidar la equidad e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

La propuesta responde a un desequilibrio tan real como inaceptable: de los 135 municipios que dibujan el mapa político de la provincia de Buenos Aires, sólo en 38 hay presidentas de concejos deliberantes. Y algo aún más grave: apenas 6 de los 135 distritos están ocupados por intendentas.

Y hay más, porque la falta de alineación y balanceo frente a la realidad de un tiempo de mujeres no es una materia exclusiva de la Provincia: a nivel nacional, apenas el 12% de los gobiernos están representados por mujeres; frente al 88% que son ejercidos por hombres.

LOS CAMBIOS, PUNTO POR PUNTO

La propuesta, que será presentada formalmente el 17 de septiembre en el ámbito legislativo por la vicegobernadora bonaerense y titular de la Cámara baja, Verónica Magario, establece la incompatibilidad para ser miembro de una Municipalidad a quienes sean deudores alimentarios morosos, como una forma de reivindicar la lucha económica de muchas mujeres por el cuidado íntegro de sus hijos e hijas en soledad.

Advierte que la distribución y afectación de los recursos puede transformarse en un instrumento que "reproduzca las desigualdades o en una herramienta fundamental para dejar atrás la desigualdad, la violencia y la discriminación de género".

Propone la modificación de los artículos 19 y 76 del decreto ley, que establecen observar de modo estricto el principio de paridad de género al momento de la designación de autoridades de los cuerpos deliberativos y de las comisiones, a fin de garantizar la participación equitativa de la mujer en esos ámbitos de intervención.

Insta a respetar el principio de perspectiva de género para la formulación, seguimiento, ejecución y evaluación de los presupuestos municipales.

Elimina el término Mayores a los/las Contribuyentes, una categorización por cierto arcaica, entendiendo a vecinas y vecinos en igualdad de condiciones.

Incorpora las voces de vecina, intendenta y concejalas, hoy vedadas por una norma que hace 62 años sólo sufre actualizaciones anuales en términos de precios mayoristas, es decir lo que le cuesta a un municipio tal o cual insumo o servicio.

Instaura el ejercicio de la política libre de violencias, estableciendo procedimientos y sanciones de violencia política que tienden a erradicar tales conductas por razones de género.

Plantea modificar los artículos 16, 19 y 87 del decreto ley en cuestión, con el objetivo de lograr la igualdad a través de la asunción de concejales y concejalas respetando el principio de paridad de género.

Incorpora formalmente en el ámbito municipal la modificación a la ley 26.485 (de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres) de fines de 2019, que incluye a la violencia política dentro del espectro de las manifestaciones de la violencia de género.

En igual sentido, replica en el ámbito municipal la capacitación obligatoria en género y violencia de género de la Ley Micaela, que hoy alcanza a todas las personas que se desempeñan en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

Por último, invita a desarrollar la innovación tecnológica en la labor legislativa; esto a partir de la realidad laboral que impone la pandemia.

"Avancemos, porque somos y seremos nosotras, siempre", dijeron a modo de conclusión las concejalas que integran un colectivo que avanza con fuerza de tsunami y que ahora está a un paso de imprimir un cambio histórico tras seis décadas de absurda negación.